La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir

La polémica no cesa desde el miércoles 30 de enero, cuando la Corte Constitucional tumbó los aranceles a textiles incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) al considerar que solo es potestad del poder Ejecutivo —es decir, del presidente Iván Duque— establecer o quitar aranceles, y no del Congreso, como había quedado establecida la medida.

El decreto 1419 reglamentaba los artículos 274 y 275 del PND, que entró en vigor en agosto del 2019. La normativa establecía un aumento del 15 % al 37,9 % para las importaciones de los artículos de vestuario cuando su precio fuera inferior o igual a USD20 por kilo y para los elementos que superaran ese precio habría un arancel del 10 % según el valor de la mercancía: más de USD3 por kilo.

Sin embargo, tras las demandas por parte de gremios como Analdex, Fenalco, la ANDI e incluso la Procuraduría y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la Sala Plena derogó ese decreto.

La decisión puso el tema de nuevo sobre la mesa. La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya) lamentó la situación y le pidió a Duque fijar los aranceles mediante un decreto. Los gremios en contra insisten en que la protección a la industria textil nacional no es con aranceles, sino con otros instrumentos.

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, asumió un papel de mediador. Aseguró que, previendo que eso sucediera, está reuniendo propuestas que se verán reflejadas en un decreto que contenga una estructura arancelaria que responda a las necesidades de la cadena textil y espera que esté listo cuando se conozca la sentencia de la Corte Constitucional.

Argumentos a favor: Camilo Rodríguez Quiceno, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya)

¿Qué buscaba la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (Cccya) con los aranceles?

Frenar la masiva importación de prendas de vestir provenientes de países de África y Asia con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales. No estamos pidiendo que nos defiendan, sino que protejan la mano de obra. En Asia, por ejemplo, se pagan alrededor de USD40 y USD50 por jornadas laborales de diez horas diarias durante un mes; en Colombia se pagan más de USD420 al mes por jornadas de ocho horas diarias. Lo que estamos importando es mano de obra, minutos que se dejan de generar en Colombia y se están produciendo en otros países.

¿Cómo se verá afectado el sector tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar los aranceles a las prendas de vestir?

Las afectaciones estarían en la generación de empleo. El sector textil-confección genera cerca de 1’600.000 puestos de trabajo, que se verían afectados por la masiva importación de prendas de vestir de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales.

La medida incluida en el PND entró en vigor en agosto del 2019. ¿Durante esos meses qué beneficios tuvo el sector?

Durante los 86 días que duraron en vigencia los artículos 274 y 275 del PND se generaron más de 30.000 puestos de trabajo formales. Es importante resaltar que el 74,2 % de los empleos que brinda el sector son a mujeres y víctimas del conflicto armado. Por cada cinco mujeres, un hombre se emplea en la industria textil. Hay una importante mano de obra femenina.

Este año arrancó con expectativas de negocios por más de USD700 millones que dejó la feria Colombiatex, realizada del 22 al 24 de enero en Medellín. Sin embargo, tememos que la decisión de la Corte cause que las empresas retomen pedidos de Asia y África. Necesitamos tener estabilidad jurídica, un buen clima de negocios y reglas de juego claras.

Luego de conocer las demandas que gremios como Analdex o Fenalco presentaron ante la Corte por considerar la medida inconstitucional, ¿qué creían que iba a pasar?

Esperábamos que la Corte Constitucional fallara a favor del empleo nacional. El Congreso decidió avalar estos artículos porque ellos son la representación de todos los ciudadanos del país. Respondieron a un clamor ciudadano de proteger la industria nacional. Esos gremios dijeron que no era facultad del Legislativo fijar la política arancelaria del país, sino del Ejecutivo. En ese orden de ideas, hacemos un llamado al Ejecutivo, que tiene el balón en su cancha y puede fijar las medidas necesarias para fortalecer la industria.

¿Hay algunas conclusiones que han dejado las reuniones con el Mincit?

Hablamos con Saúl Pineda, viceministro de Desarrollo Empresarial, quien ha mostrado interés en el sector textil-confección. Pero a la fecha no vemos respuestas ni avances. Exhortamos al Gobierno a que tome las medidas necesarias. Además del decreto, deben tener en cuenta que el eslabón de la cadena que más deben proteger es la confección, porque es la que genera casi el 70% del empleo.

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, habló de su intención de rediseñar la estructura arancelaria. ¿Ustedes están de acuerdo?

Sí, pero es necesario que se tengan en cuenta dos factores: valor agregado y generación de empleos. Lo que buscamos con los acuerdos comerciales es competir bajo reglas justas.

Rediseñar la estructura arancelaria también implicaría poner sobre la mesa un ajuste a los valores que se incluyeron en el PND…

Somos conscientes de que tenemos que llegar a un acuerdo para una estructura arancelaria en la que estén presentes las necesidades de todos los eslabones. Proponemos no subirles a los insumos, pero sí mantener el arancel del 15 al 37,9 % a las prendas de vestir importadas.

Ustedes han sido reiterativos en que el presidente Iván Duque debe cumplir sus promesas de campaña. Aunque fueron incluidos los aranceles en el PND, ¿ahora cómo se deberían fijar?

Por decreto. Nosotros le hacemos un llamado al presidente Duque a que recuerde que miles de personas del sector lo apoyamos y logramos la victoria debido a sus promesas de campaña de fijar “el máximo arancel posible para que no les quiten el trabajo a las operarias de la confección en Colombia”.

¿Y los aranceles son la vía?

Sí, sin duda alguna, las medidas arancelarias están diseñadas para controlar, mitigar y generar una balanza.

Otra de las quejas de los gremios que demandaron es que esos aranceles afectarían el bolsillo del consumidor e incrementarían el valor de una prenda hasta en un 25 %.

Es un argumento falaz de los gremios que demandaron. Durante los 86 días, que incluyeron la temporada decembrina, no vimos aumento en el precio de la ropa.

Argumentos en contra: Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex)

¿Cuáles fueron los argumentos de Analdex para demandar los aranceles ante la Corte?

Empezaría por señalar que demandamos porque creo que con el establecimiento de aranceles por parte del Congreso se atenta contra la seguridad jurídica. El Congreso no está facultado para dictaminar aranceles, eso le corresponde al Ejecutivo, al presidente y sus ministros. Creo que era un precedente muy negativo porque mañana cualquier otro sector va al Congreso y consigue que suban o bajen los aranceles y se pierde la política comercial.

¿Esperaban que la Corte tomara esa decisión?

Demandamos porque era evidente que se estaba violando la Constitución. El Congreso puede dictaminar normas de carácter general y por eso existe la Ley marco de Comercio Exterior, pero el número de un arancel no lo puede hacer el Congreso. Nosotros estábamos convencidos de que teníamos la razón. Sin embargo, consideramos que el sector confeccionista se enfrenta a una competencia desleal por el ingreso de prendas a muy bajo precio, pero eso no se resuelve con aranceles. Con un incremento del 38 % a la importación de prendas y un IVA del 19 % —es decir, casi un 60 % en impuestos— lo que va a producir es una mayor rentabilidad para el contrabando.

¿Si no es con aranceles con qué elementos se protege a la industria nacional?

Hay otros instrumentos. Ya sea a través del Ministerio de Comercio Exterior con derechos compensatorios, derechos antidumping o con la misma DIAN para reforzar el control del ingreso de productos a bajo precio. Ese ejercicio se ha hecho con la industria del calzado.

¿Cómo fue la experiencia con el sector del calzado?

A ese sector lo invitaron a que se sumara a ese incremento de aranceles que aprobó el Congreso y dijeron que no porque ellos intentaron esa fórmula y no les funcionó. De Panamá estaban llegando pares de zapatos a USD0,10 y le pusieron aranceles. ¿Qué pasó? Ya no llegó de Panamá, sino de México y países de Centroamérica. No se resolvió el problema, simplemente aumentó el margen de rentabilidad para los contrabandistas y se promovió la competencia desleal.

Mincit dijo que está reuniendo propuestas para una nueva estructura arancelaria. ¿A ustedes los han invitado a dialogar?

No. Infortunadamente no ha habido una mesa de concertación.

¿Los aranceles incrementarían el valor de las prendas?

Sí, cuando usted incrementa los impuestos se lo tienen que trasladar al consumidor final. Termina afectando a la gente, porque esos impuestos alguien los tiene que pagar. También se perjudica al productor nacional, porque va a tener que competir con precios que van a llegar de contrabando a muy bajo costo.

De acuerdo con la Cccya, durante el tiempo que funcionaron los aranceles se generaron más de 30.000 empleos directos. ¿Sí es posible que estos permitan la creación de nuevos puestos de trabajo?

No comparto esa posición porque le da margen al contrabando y lo que hace es destruir empleos. Por ejemplo, un trabajador formal va a tener estructuras de costos muy altas y se va a enfrentar a productos de contrabando muy bajos.

Si el Ejecutivo es quien fija un nuevo decreto arancelario, ¿cuál será la postura de Analdex?

No estaremos de acuerdo con subirles el precio. Si algo tiene Colombia es que continúa siendo una economía muy cerrada. Si miran los estudios del Banco de la República, lo que muestran es que la estructura arancelaria ha sido desdibujada por esas presiones sectoriales que quieren mayor protección y termina con unos impuestos que no benefician la política comercial del país. Esa medida solo ayuda a un sector y no a toda la industria.