Argentina firmó junto a los países de la región una declaración conjunta que destaca los beneficios del Programa de Clemencia

“La nueva ley de Defensa de la Competencia, que fue sancionada en mayo de este año, introdujo nuevas herramientas que no estaban disponibles hasta ese momento y que se ha demostrado a nivel internacional que son de las más efectivas en la lucha contra los carteles, entre ellas, el Programa de Clemencia”, expresó el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco.

En esta línea, Greco resaltó que la política de defensa de la competencia “es un eje fundamental del Gobierno, ya que tener una buena institucionalidad en esta materia, perdurable y previsible, es clave para el desarrollo del país”.

Los Programas de Clemencia forman parte de la legislación de competencia en las distintas jurisdicciones que forman esta declaración y de la legislación de diversos países con una larga tradición implementando políticas de competencia. Éstos incentivan a que una persona jurídica o natural solicite a la autoridad de competencia la exoneración o reducción de sanción a cambio de aportar evidencia relevante que ayude a acreditar la existencia de acuerdos anticompetitivos secretos entre competidores para fijar precios, niveles de producción, repartirse los clientes, entre otros.

Este mecanismo de incentivo a revelar información es de singular importancia, en tanto los cárteles son organizaciones que realizan sus actividades secretamente, toman acciones para evitar el registro de sus acuerdos anticompetitivos y disponen reglas de confidencialidad y control entre sus miembros, por lo que su detección suele ser difícil y costosa. Además, los Programas de Clemencia juegan un rol preventivo, ya que los incentivos a la cooperación a cambio de la exoneración de una sanción, disuade la creación de nuevos cárteles y fomenta la desarticulación espontánea de los ya existentes.

Los Programas de Clemencia han demostrado ser, a nivel internacional, la principal herramienta legal de investigación para la detección y desarticulación de cárteles, por lo que hoy en día son de práctica común en la gran mayoría de las autoridades de competencia.

Las mejores prácticas compartidas por los países de la Alianza Estratégica Latinoamericana, y bajo las cuales se establecen programas eficaces, son las siguientes:

-La exoneración completa de la multa al primer solicitante de clemencia. En caso de que la autoridad de competencia no posea información suficiente sobre la conducta anticompetitiva y el colaborador cumpla todos los requisitos y obligaciones legales aplicables a cada autoridad, y aporte información relevante, se le otorga la exoneración de sanción si es el primer solicitante de clemencia. La posibilidad de obtener un 100% de exoneración de la sanción es un incentivo de alto poder para promover una “carrera” por ser el primero en aplicar al Programa de Clemencia.

-La confidencialidad sobre la identidad del colaborador. Las autoridades de competencia resguardan la identidad de los solicitantes, con el objetivo de proteger las fuentes de información y evitar las represalias en su contra. En este sentido, durante la etapa de tramitación del caso, la identidad de los solicitantes se mantiene en estricta reserva.

-Elevada transparencia y predictibilidad de las decisiones de la autoridad de competencia. Las agencias de competencia fortalecen la transparencia y predictibilidad, mediante la publicación de guías o lineamientos, para que las empresas y sus representantes, puedan conocer cuáles son las condiciones para solicitar acceso al Programa de Clemencia, cómo se tramitará éste, así como sus deberes y derechos como colaboradores.

La declaración, que sigue las buenas prácticas presentadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, fue firmada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina (CNDC), el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de México, y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad (INDECOPI) de Perú.