Colombia modifica su régimen de zonas francas
La idea es mejorar la competitividad de este instrumento de promoción de inversión en el país, así las cosas, el monto mínimo de inversión requerido para la declaratoria y prórroga, se reduce en al menos 15,2%.
La normatividad también busca impulsar la implementación de un modelo de zonas francas 4.0, para promover la exportación de servicios, la sofisticación de la producción interna, modernización e inserción en cadenas locales, regionales y globales de valor.
“Este avance estructural en el régimen, contribuye a posicionar al país a la vanguardia en el hemisferio para la atracción de inversión, al contar con un instrumento moderno que hoy cuenta con 120 zonas francas declaradas”, dijo el ministro Restrepo y recordó que 41 de estas zonas son permanentes y 79 a permanentes especiales, de las cuales 5 han sido prorrogadas.
Este instrumento, de acuerdo con las cifras del ministerio genera más de 136.000 empleos y ha contabilizado alrededor de COP48 billones en inversiones ejecutadas los últimos 13 años.
LOS PRINCIPALES CAMBIOS
Para la promoción de la economía 4.0 y la exportación de servicios se habilita el reconocimiento de activos intangibles (conforme con el régimen de propiedad intelectual vigente) como parte de los compromisos de inversión (hasta por el 20% de la nueva inversión).
También se permite la realización de comercio electrónico en las zonas francas para usuarios de bienes y servicios mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.
Por su parte, para nuevos proyectos de servicios, se establece la posibilidad de reducir compromisos de inversión si realiza exportaciones (efectivamente canalizadas por el mercado cambiario cada año).
Adicionalmente, se habilita que zonas francas permanentes especiales de servicios puedan convertirse en zonas francas permanentes, con el objetivo de calificar usuarios que presten servicios (fundamentalmente de exportación), tales como ciencia, tecnología, innovación, cultura y conocimiento, entre otros.
En tanto, para que nuevos proyectos de zona franca que se localicen en municipios con altos índices de pobreza, se reduce el compromiso de inversión hasta en un 30%. Esta posibilidad también aplica para la solicitud de prórroga de zonas francas existentes en los municipios que apliquen.
“Uno de los mayores logros que implica la modificación al régimen es la reducción de tiempos y requisitos. En este sentido, se reduce en al menos un 15,2% el monto mínimo de inversión requerido para la declaratoria y prórroga de zonas francas (en función de tipologías de sectores productivos)”, señaló Restrepo.
En el caso del proceso de trámite de nuevas declaratorias, se reduce de 57 a 24 el número de requisitos que deben ser acreditados, así como el tiempo para la declaratoria de 18 a 6 meses aproximadamente.
También se habilitó la oportunidad de acreditar el cumplimiento de compromisos de inversión a partir de la fecha de solicitud de declaratoria (hasta por el 20% del compromiso).
Adicionalmente, se abrió la posibilidad para la solicitud de nuevas zonas francas en todo tipo de actividades agroindustriales, así como para concesiones aeroportuarias y férreas (este último sujeto a reglamentación).
De la misma manera, se iguala en 30 años el término máximo para la prórroga tanto de zonas francas permanentes, como permanentes especiales y se da vía libre a que las zonas francas adicionen áreas no colindantes al espacio originalmente declarado, siempre que dichas áreas se encuentren en el mismo municipio o en municipios limítrofes dentro de la misma jurisdicción aduanera.
También se abre la posibilidad para que zonas francas existentes soliciten la ampliación de las actividades económicas para las cuales se autorizó su declaratoria.
De otro lado, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación -SNCI-, se habilitó la creación de un Comité Técnico de Zonas Francas, como instancia para promover la competitividad del régimen de zonas francas frente a terceros países, así como para fortalecer la operación del modelo en el país, mediante un diálogo permanente y constructivo con el sector empresarial.