La excepción para (el comercio de) productos hechos con focas derivados de la caza llevada a cabo para gestionar de manera sostenible los recursos marinos se ha eliminado, informó el Consejo de la Unión Europea en un comunicado.

Las nuevas normas reconocen, no obstante, que esto puede crear ciertos problemas en algunos Estados miembros y señalan que se tendrá en cuenta a la hora de analizar el cumplimiento de la legislación en un futuro.

La segunda excepción existente en la Unión Europa es la que permite cazar focas a la comunidad inuit, los aborígenes del Ártico que antiguamente se conocían como esquimales, dado que su modo de vida depende en buena medida de esta práctica.

En este caso, se ha "aclarado" el alcance de esta excepción, de manera que para que la caza de foca y el comercio de productos derivados de ésta puedan acogerse a la misma tendrá que cumplir tres criterios.

En concreto, tendrá que demostrarse que esta actividad ha sido llevada a cabo tradicionalmente por la comunidad inuit en cuestión y que se realiza para contribuir a la subsistencia de la misma, no por razones primordialmente comerciales.

Además, la caza deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta la "consideración debida hacia el bienestar animal", teniendo en cuenta el modo de vida de la comunidad y el propósito de su subsistencia.

"Si hay pruebas de que la caza de focas se lleva a cabo principalmente por motivos comerciales, la Comisión podría prohibir la venta en los mercados de estos productos hechos con foca o limitar su cantidad", explicaron los Veintiocho.

Esto sería llevado a cabo en contacto con expertos, incluidos representantes de Estados miembros.

Las nuevas normas entrarán en vigor a partir del próximo 18 de octubre.

La Unión Europea prohibió en el 2009 el comercio de productos de foca, con el objetivo de proteger el bienestar de estos animales, aunque mantuvo las dos excepciones citadas.

Después de que en el 2014 la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuestionara estas dos medidas excepcionales al considerar que podrían tener "efectos discriminatorios", la Comisión Europea planteó una propuesta en febrero del 2015 para actualizar la legislación comunitaria competente.