El APC incluyó un “Anexo sobre la administración del sector forestal” que permite al Gobierno de EE UU solicitar a Perú la realización de auditorías a los concesionarios o exportadores sobre los que exista sospecha de estar comercializando madera de forma ilegal, así como la conducción de verificaciones sobre embarques específicos de madera.

“Si se encuentra evidencia de ilegalidades o declaraciones intencionalmente falsas, EE UU puede tomar medidas tales como el decomiso de embarques específicos o incluso prohibir el ingreso e todas las importaciones provenientes de una empresa determinada hasta que Perú demuestre que esta cumple con las leyes y reglamentos pertinentes”, planteó la EIA.

La queja fue presentada en abril pasado ante la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés), a fin de iniciar la verificación de exportaciones de madera de las empresas Maderera Bozovich SAC y Maderera Vulcano SAC.

La EIA sostiene en su argumentación que las verificaciones son conducentes “dado que ambas empresas han tenido históricamente la mayor cantidad de casos de exportaciones a EE UU de madera proveniente de concesiones con actividades ilegales”, a partir de un análisis del 2008 al 2010.

La petición ante la USTR, que encabeza el representante comercial Ron Kirk, busca además que se lleven a cabo verificaciones de los embarques que contengan madera proveniente de concesiones que se encuentren actualmente suspendidas por supuestas actividades ilegales de acuerdo a las regulaciones peruanas.

Según la queja de EIA, a partir de un análisis de documentación oficial del Gobierno peruano, por lo menos 77 embarques “con problemas de legalidad” han llegado al mercado de EE UU provenientes de una de estas dos empresas exportadoras o con madera supuestamente extraída de las concesiones suspendidas.

“Este pedido ante la USTR apunta a que se actúe con respecto a un grupo de concesiones con problemas y a los exportadores principales, pero sería un error no reconocer que se trata de un problema endémico y sistémico que atraviesa todo el sector forestal peruano”, declaró Julia Urrunaga, directora del Programa Perú de EIA. “El Gobierno de EE UU tiene la responsabilidad de verificar que no está siendo cómplice de la tala ilegal”.

Pero la embajada de Perú en Washington dijo a Legiscomex.com a través de su portavoz Rodolfo Pereira que “las autoridades nacionales (peruanas) han estado en permanente contacto con el Comité Interagencial de EE UU creado por el APC en materia de comercio ilegal de madera y que es liderado por el USTR, absolviendo el requerimiento de información planteado y haciendo saber que una de las mayores debilidades del informe presentado por la (EIA) es la de incluir exclusivamente información estadística y factual sobre el periodo 2008-2010”.

“Esto es correspondiente a la etapa anterior a la entrada en vigencia del APC y el correspondiente Anexo Forestal, mediante los cuales precisamente, se establece un nuevo esquema de institucionalidad forestal y se disponen acciones concretas respecto al manejo de las especies CITES y el comercio ilegal de la madera”, añadió Pereira.

La queja contra Perú, que forma parte de los socios originales de EE UU dentro de la Alianza Transpacífica, se basa en gran medida en una investigación realizada por EIA según la cual Perú exportó al mercado estadounidense más de 100 embarques con valores de millones de dólares de cedro y caoba extraídos de manera ilegal de la Amazonia entre 2008 y 2010.

“La madera ha sido extraída y comercializada en contra de las leyes peruanas y norteamericanas, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por su sigla en inglés) y, más recientemente, del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-EE UU”, de acuerdo con el reporte.

La investigación de EIA reconstruyó la ruta que sigue la madera desde la Amazonía hasta los almacenes de los importadores en EE UU, utilizando documentación oficial obtenida a través de la ley peruana de transparencia, a pesar de que según la agencia las piezas de esta cadena se han mantenido intencionalmente desconectadas para perpetuar la confusión sobre el origen la madera peruana.

EIA buscó reconstruir la cadena de custodia para el comercio de cedro (Cedrela odorata) y caoba (Swietenia macrophylla) porque ambas especies están protegidas bajo la CITES y por lo tanto requieren documentación especial para su exportación.

“El mismo modus operandi viene siendo utilizado para otras especies, pero como la información es aún más escasa sobre el comercio de especies no-CITES, en estos casos resulta virtualmente imposible conectar las concesiones de origen con los cargamentos exportados”, sostuvo.

Pero la EIA mantiene que, más allá del caso peruano y del sector forestal, existe una problemática que aplica a todo el comercio internacional de flora y fauna silvestre: toda vez que en su opinión un “sello” en un documento oficial no es garantía suficiente de la legalidad del producto. Así mismo, considera que el tema cobra importancia en el contexto de normas como la Ley Lacey, donde el comprador es responsable legalmente por las posibles ilegalidades del producto, incluso si no tenía la intención de comprar esta clase de bienes.

“Esto significa que los importadores tienen que ir más allá de pedir un documento con un sello para realmente cumplir con la ley y tener seguridad respecto del origen legal de los productos en cuestión. Para Perú esto podría tener duras consecuencias ya que, si los importadores concluyen que no pueden confiar en el monitoreo de las autoridades nacionales, es posible que opten por proveedores de otros países cuyos sistemas de control ofrezcan mayores garantías sobre la legalidad del origen del producto”, señaló.

Pero el reporte reconoce que los comercializadores y los financistas de la tala ilegal se enfrentan a un reto significativo: Mientras en Perú hay muchas áreas remotas en las que la tala ilegal puede operar sin sobresaltos, el comercializador aún debe sacar la madera fuera del bosque, pasar por los puntos de control de la autoridad forestal, pasar por aduanas, subir a barcos e ingresar a EE UU. “Sin los documentos formales y (en el caso de la caoba y el cedro) los permisos de exportación aprobados por la autoridad forestal, la madera no puede ir a ningún lado”, señaló.

En ese sentido encontró que el mecanismo de la industria es simple: 1) los concesionarios presentan listados de árboles a extraer que no existen en el mundo real, y las autoridades autorizan la extracción de volúmenes de madera que no existen en la concesión. 2) los permisos correspondientes (Guías de Transporte Forestal o GTF) son vendidos en el mercado negro y utilizados para lavar madera extraída ilegalmente de cualquier otra parte del país. “Ningún control posterior va a detectar la ilegalidad, a menos que se vuelva a la concesión a verificar cómo se realizó el aprovechamiento forestal.”

“A pesar de que las revisiones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) han detectado múltiples ilegalidades, la mayor parte de las concesiones en falta sigue operando y exportando”, aseguró.

En conversaciones con importadores y sus gremios, así como exportadores y funcionarios peruanos, los autores del estudio encontraron que muchos aseguran que Perú no exporta madera ilegal porque toda la madera sale “con documentos legales”, y que compran de “buena fe”. “Esta cínica posición de funcionarios y comerciantes que operan “sin-pedir-explicaciones, a pesar de que conocen perfectamente el poco valor de estos papeles, han permitido la proliferación de la ilegalidad. Mientras este sistema siga vigente, los precios de los madereros responsables que realizan actividades de aprovechamiento en la Amazonía Peruana quedarán fuera de la competencia”, señaló EIA.

Un nuevo reporte del Banco Mundial estima que la explotación maderera ilegal en algunos países constituye hasta el 90% de toda la explotación maderera y genera aproximadamente entre USD10.000 y USD15.000 millones de beneficios ilícitos.

El informe “Justicia para los bosques: Mejora de las iniciativas de justicia penal para combatir la explotación maderera ilegal;” sostiene que la aplicación de la ley debe mirar más allá de los delincuentes de poca monta y observar a dónde van los beneficios de esta actividad ilegal.

“Mediante el seguimiento de la pista del dinero y el uso de los instrumentos desarrollados en más de 170 países para ir a la caza del “dinero sucio”, la justicia penal puede perseguir a organizaciones criminales involucradas en la explotación maderera ilegal a gran escala y confiscar los beneficios obtenidos ilícitamente”, señaló.

Y es que se trata de un negocio altamente lucrativo. EIA estima que un árbol de tamaño mayor puede producir alrededor de tres metros cúbicos de madera de calidad de exportación y los exportadores pueden recibir unos USD1.700/m³ de caoba o USD1.000/m³ de cedro. En ese sentido calcula que los precios son aún mejores en el mercado de EE UU: la madera de un árbol de caoba peruana se puede vender en USD11.000 y la de un cedro en más de USD9.000.

La EIA reconoció que dos días después del lanzamiento de su informe, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú anunció que “son objetivos del Gobierno reconocer el origen legal de la madera, reducir la tala ilegal y establecer sanciones consistentes para evitar la depredación de los bosques naturales”.

El anuncio ocurrió luego de una reunión de trabajo entre el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Valdés, el ministro de Agricultura, Luis Ginocchio, y el presidente de Osinfor, Rolando Navarro. La PCM adelantó que analizará una serie de medidas, incluyendo una evaluación del sistema de concesiones forestales en el país y la creación de un tribunal fiscal forestal.

La embajada de Perú en Washington señaló en ese sentido que el Gobierno peruano “ha reiterado su compromiso de continuar realizando las acciones necesarias para combatir este problema y colaborar con las autoridades estadounidenses respecto a su requerimiento de información”.