La Ley 1762 de 2015 afectará con más vehemencia a los contrabandistas, que generan una competencia desleal para los empresarios que sí operan de forma legal, y a quienes la nueva norma respalda a través de fortalecimiento institucional y una mayor facilidad legal, tanto para compartir información entre entidades como para verificar la validez de documentación en operaciones de control.

Así lo concluyó el Asesor de Estrategia Anticontrabando de la ANDI, Alejandro Delgadillo, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana –AmCham Colombia-, en donde además se resaltó la importancia de que las compañías cuenten con un sistema de gestión de riesgos óptimo que complemente los controles para combatir el delito del contrabando.

De acuerdo con Delgadillo, hoy las organizaciones son más conscientes de las acciones que deben ejecutar para combatir el contrabando. Fue por ello, precisamente, que se aprobó la Ley 1762. “Según estimaciones de la DIAN, en Colombia cerca del 10% de las importaciones son de contrabando, dentro de las cuales el 10% es contrabando abierto, mientras que el 90% es técnico, siendo la industria de los textiles el sector más afectado. Esto no sólo genera una pérdida anual para las empresas de USD6.800 millones, sino que además se dejan de recaudar aproximadamente USD1,8 billones en impuestos que servirían para invertir en pro del desarrollo del país”, afirmó.

En este sentido, la nueva ley se estableció con el fin de armonizar el estatuto aduanero con el Código Penal, establecer el contrabando como delito fuente del lavado de activos, robustecer las funciones de las instituciones y unificar las sanciones del impuesto de consumo. Esto permitirá que se generen, entre otros beneficios, “la formalización del comercio en las fronteras, que busca empezar a generar clusters que estimulen la apertura a nuevos mercados, promover el empleo e ingresos fiscales y así estimular una mayor inversión pública”, de acuerdo con el asesor de la ANDI.

Para Alejandro Delgadillo, entre los principales desafíos a los que se enfrenta la nueva norma se encuentra la aplicación de las sanciones a los que realmente son contrabandistas y no a las personas que cometen errores de buena fe; la gestión de los protocolos, de modo que la funcionalidad no se quede en el papel y la Comisión Interinstitucional desarrolle a cabalidad su propósito; la trazabilidad en los procesos sensibles que implican un conocimiento de la dinámica de cada sector; la veeduría de los informes y la participación activa del sector privado.

“La firma de nueva Ley Anticontrabando fue un gran avance en Colombia, por lo que se hace necesario que las empresas identifiquen las aprehensiones y sepan cómo deben actuar las instituciones de control. También es importante la renovación de la plataforma tecnológica de la DIAN que evidentemente presenta fallas porque fue desarrollada en 1998, así como la creación de un centro de monitoreo y control a través de seguimiento satelital, que es fundamental en las fronteras”, puntualizó el experto en estrategia anticontrabando.

Para Camilo Reyes, Director Ejecutivo de AmCham Colombia, “un aporte clave de la nueva legislación es que dispone herramientas para asegurar el desarrollo legítimo de operaciones de comercio exterior en Colombia. En este sentido, podría mejorar no sólo la rentabilidad de esta actividad económica sino también el ambiente de negocios para los empresarios legales del país”.

Según Erwin Blanco, Gerente de Aduanas y Comercio Global de la firma Deloitte, con la actualización de la Ley Anticontrabando los empresarios ahora no deben solamente preocuparse por actuar legalmente, sino que también deben asegurarse de que en su cadena de distribución física internacional ninguno de los actores participantes incurra en delitos, ya que esto podría involucrar a sus compañías en favorecimiento y facilitación del contrabando.

“No es la nueva Ley Anticontrabando la que va a marcar la hoja de ruta con la cual deben establecer los controles las compañías, sino que ésta debe armonizarse con las otras normas existentes y con el Estatuto Aduanero, que está próximo a expedirse y que también incorporó sanciones específicas para quienes incumplan sus obligaciones al momento de realizar las operaciones comerciales. De ahí la importancia que las organizaciones establezcan políticas de prevención y cuenten con óptimos sistema de gestión del riesgo”, concluyó Blanco.