Cercanos al entrante ministro de Hacienda de Chile, Alberto Arenas, afirman que fueron su discreción y sigilo político los atributos que le hicieron ganar la plena confianza de Michelle Bachelet, quien este 11 de marzo se convertirá en la nueva presidenta de Chile para cumplir el periodo 2014-2018.

Durante la campaña política que llevó al triunfo a la candidata de la centroizquierdista coalición Nueva Mayoría, Arenas fue el jefe programático y en tal calidad condujo con habilidad todo el proceso de elaboración del programa de gobierno. Fue una tarea compleja debido a las diferentes corrientes políticas e ideológicas –desde el centro hasta la izquierda comunista-- que apoyaron a Bachelet.

“Arenas se mostró como un hábil negociador político y un conciliador, con lo que fue afianzando su papel como uno de los hombre de mayor confianza de la candidata. Él va a ser el conductor económico de la nueva administración y el interlocutor con los empresarios y los inversionistas”, dijo a Legiscomex.com el abogado y politólogo de la Universidad Católica de Chile, Juan Carlos Mendoza.

El futuro ministro de Hacienda jugará un papel determinante en el nuevo gobierno. Su primera tarea será sacar adelante la ambiciosa reforma fiscal que propuso Bachelet durante la campaña y la cual es la llave para cumplir su principal oferta a los votantes: crear un sistema educativo gratuito al que puedan acceder todos los jóvenes chilenos sin importar su nivel de ingresos.

Arenas, un ex militante del Partido Comunista (PC) chileno que hoy forma parte del Partido Socialista (PS), el mismo de Bachelet, es considerado un factor de moderación dentro de la coalición política que gobernará Chile los próximos cuatro años. Además del PS y el PC, de Nueva Mayoría forman parte los partidos Por la Democracia (PPD), Demócrata Cristiano (PDC), Radical Social Demócrata (PRSD), Izquierda Ciudadana (IC) y el Movimiento Amplio Social (MAS).

“En Nueva Mayoría, Arenas está en el centro, a la derecha de los comunistas y a la izquierda de los demócrata-cristianos. Algunos empresarios lo ven como un izquierdista y los es, pero es un izquierdista moderado, de corte socialdemócrata que cree en las políticas de libre mercado y de fomento a la inversión pero también en la regulación estatal”, sostuvo Mendoza.

El entrante ministro de Hacienda estudió economía en la Universidad de Chile y realizó una maestría y un doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Pittsburg, EE UU, donde estudió con el economista cubano-americano Carmela Mesa-Lago, quien había de convertirse en una gran influencia en su vida profesional.

Mesa-Lago es un especialista en sistemas de seguridad social y admirador –al igual que su alumno chileno- del modelo de bienestar escandinavo, en el cual el Estado funge como el redistribuidor del ingreso nacional a través de altas tasas de recaudación fiscal y un enorme gasto en salud y educación públicas.

Para Mendoza, Arenas “será un ministro de Hacienda que tendrá como principal misión incrementar la los ingresos tributarios del gobierno sin afectar la inversión privada y el favorable entorno de negocios que prevalece en Chile, y es un hombre preparado para llevar a cabo esta tarea”.

En el primer gobierno de Bachelet, entre el 2006 y el 2010, Arenas se desempeñó como director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y fue parte central de una política económica elogiada por los empresarios del país, pues sorteó con éxito la crisis financiera global del 2008-2009 al recurrir a sus ahorros externos para aumentar el gasto público y evitar una recesión.

Una de sus fortalezas es su amplia experiencia de más de 10 años en el servicio público, desde donde ha cultivado una amplia red de relaciones con todos los sectores del país.

Bachelet arrancará su nuevo gobierno con una iniciativa de reforma tributaria que es observada por un sector del empresariado como un “giro a la izquierda” y un desincentivo para la inversión. “Esta propuesta tendrá efectos negativos sobre el crecimiento económico”, aseguró el economista Juan Ramón Valente, quien fue asesor de la derrotada candidata presidencial centroderechista Evelyn Matthei.

La presidenta entrante impulsará además una serie de reformas constituciones para ampliar los derechos políticos de los ciudadanos, reconocer los derechos de las minorías y transitar hacia un nuevo sistema electoral que supere el actual modelo bipartidista que margina del Congreso a los partidos pequeños que no formen parte de las dos coaliciones tradicionales.

Para Valente, Bachelet se ha “izquierdizado” con respecto a su primer periodo presidencial y discusiones como las reformas constitucionales “aumentan el nivel de incertidumbre y generan efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento” al dejar en duda la viabilidad del modelo de desarrollo que ha seguido Chile desde el retorno de la democracia, en 1990.

El economista reconoció, sin embargo, que “resulta paradójico que una cantidad importante de dirigentes empresariales, al ser consultados públicamente sobre los eventuales efectos negativos sobre la inversión que pueden tener las propuestas de Bachelet, han descartado de plano dicha posibilidad”.

Desde que en 1990 Chile recuperó la democracia tras 17 años de dictadura militar, el país ha crecido a una tasa anual promedio del 5,1%, con lo cual más que duplicó su Producto Interno Bruto (PIB) y elevó su ingreso per cápita (por paridad de poder de compra) a USD18.945 –el mayor de Latinoamérica—, al tiempo que redujo la pobreza del 40% al 11%, según cifras del 2013.

En todo ese tiempo, el país fue conducido por cuatro gobiernos de la centroizquierdista Concertación, la cual se convirtió el año anterior en Nueva Mayoría, y uno de la centroderechista Alianza, la coalición política que llevó a Sebastián Piñera a la Presidencia hace cuatro años.

Para el entrante ministro del Interior, Alberto Peñailillo, el más influyente colaborador de Bachelet junto con Arenas, la estrategia de desarrollo conocida en Latinoamérica como “el modelo chileno” ha probado su eficacia y hay que mantenerla pero este requiere de “modificaciones estructurales que permitan enfrentar la desigualdad”.

Según cifras de la Fundación Sol, en Chile el 1% más rico de la población concentra el 31% de los ingresos, el triple de países como Suecia o Alemania.

Peñailillo, un economista, maestro en Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid y militante del socialdemócrata PPD, será el encargado de hacer realidad, junto con Arenas, las dos reformas emblemáticas de Bachelet: la fiscal, la educativa y la de protección social, consideradas fundamentales para reducir la desigualdad por el efecto redistributivo que tendrían en la sociedad.

Ambos funcionarios contarán para este propósito con la colaboración de la ministra general de la Presidencia, Ximena Rincón, quien renunció a su curul en el Senado para ocupar ese cargo y la cual será una ficha clave en las relaciones del gobierno con el Congreso bicameral, donde se tendrán que discutir y aprobar las reformas.

Arenas se ha encargado de dejar en claro a los empresarios y a los inversionistas que la disciplina macroeconómica es una regla que permanecerá inalterable en Chile.

“Nuestra política fiscal seguirá guiándose por la máxima de comprometer gastos permanentes siempre asociados a ingresos permanentes, a diferencia del actual Gobierno (que ha echado mano de los ahorros de los excedentes del cobre). Por ello, y atendiendo a la necesidad de emprender una reforma estructural en educación y avanzar en protección social (con mayor gasto en salud y pensiones), implementaremos una reforma tributaria que permita al Estado contar con los ingresos necesarios de manera sustentable”, indicó el entrante ministro de Hacienda.

La ambiciosa reforma fiscal promovida por Bachelet busca aumentar en USD8.200 millones la recaudación tributaria por año, lo que equivale a tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y aunque la presidenta contará con mayoría parlamentaria el debate será complejo. El punto de mayor divergencia es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), un mecanismo que permite a las compañías pagar impuestos sólo por las ganancias que retiren los inversionistas, no por las que se generen, y el cual es visto por los empresarios como una herramienta de ahorro que propicia la inversión.

El gabinete de ministros de Bachelet está conformado por nueve mujeres y 14 hombres que se caracterizan por su sólida formación académica, su militancia política de larga data y su mayoritaria filiación socialdemócrata.

El ala derecha estará conformada por seis ministros de la Democracia Cristiana, entre los cuales destacan Rincón, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco y los ministros de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien trabajará en mancuerna con Arenas.

La Izquierda Ciudadana contará con un ministerio, el de Bienes Nacionales, que estará a cargo de Víctor Osorio, mientras que el Partido Comunista tendrá el ministerio de la Mujer, con la antropóloga Claudia Pascual.

La mayoría de ministros, 11, forman parte de los centroizquierdistas PS –al cual pertenece Bachelet- y PPD, y entre ellos sobresalen personalidades conocidas más allá de Chile, como el canciller Heraldo Muñoz, un diplomático con larga trayectoria en Naciones Unidas, y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, un doctor en Economía por la Universidad de Harvard y ex director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para el politólogo de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares, con el gabinete que designó para iniciar su gobierno Bachelet logró congregar representantes de varios sectores del país y de diferentes sensibilidades políticas de su propia coalición. “Hay un equilibrio de ideas”, comentó. Habrá que ver cómo funciona en la práctica y qué tan rápido puede dar respuestas a una sociedad que tiene altas expectativas en la nueva administración.