La administración Obama dispone de 15 meses a partir de la emisión del fallo del 16 de mayo para ajustar su legislación doméstica, en particular la polémica reglamentación del etiquetado “DolphinSafe”, a fin de que EE UU cumpla con las reglas internacionales de comercio y ponga fin a la “discriminación” contra las exportaciones mexicanas.

El periodo legal otorgado a la parte perdedora en el litigio comercial representa un compás de espera para que las flotas latinoamericanas bloqueadas de facto —como México, Venezuela y Colombia, que pescan el atún con lance de redes sobre delfines en el Pacífico— alisten estrategias para regresar el mercado estadounidense.

Pero desde la emisión del fallo del órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no ha habido contacto oficial entre los gobiernos de México y EE UU para iniciar las consultas con vistas a las acciones que deberá realizar la administración Obama para lograr la implementación del dictamen, dijeron a Legiscomex.com fuentes enteradas.

Singularmente, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) no emitió reacción alguna sobre el fallo de la OMC y se limitó a señalar que “estudiaremos el reporte cuidadosamente y consideraremos sus implicaciones”.

Aunque la inusual reserva de EE UU puede ser vista ciertamente como parte del proceso de revisión y análisis de un dictamen mixto y complejo, se trata de un tema contencioso que coincide con el inicio de la recta final hacia las elecciones de noviembre y en momentos que la administración Obama usa el tema comercial como parte de su estrategia para crear empleos en el país.

En contraste, la reacción de grupos ecologistas y de defensa de los consumidores de EE UU no se hizo esperar.

Isla de la Tierra, la conocida organización ecologista de San Francisco que interpuso la demanda original de los embargos atuneros en 1990, condenó categóricamente el fallo de la OMC y lo calificó como un “escandaloso ataque” que abrirá el camino a las “horribles muertes” de miles de delfines.

“Los consumidores de atún de EE UU y de otros países no van a comprar atún enlatado y manchado con sangre de delfines”, señaló su director del Proyecto de Mamíferos Marinos, David Phillips.

PublicCitizen, el grupo de defensa de los consumidores que participó en la batalla a favor de los embargos, sostuvo que el fallo de la OMC muestra que el peligro que representan los pactos comerciales para afectar las políticas de interés público en detrimento de la protección de consumidores y medio ambiente, conforme EE UU negocia la Alianza Transpacifica (TPP).

En contraparte, el libertario Instituto Cato sostuvo que el fallo es un “positivo encausamiento” de las políticas de EE UU que evitan que los consumidores puedan tener acceso efectivo a al información y en usar su poder adquisitivo en el libre mercado para apoyar causas ambientalistas.

El fallo de la OMC dejó en claro en ese sentido que los otros métodos de pesca, en especial el de Artefactos Agregadores de Pescados (FADS, por su sigla en inglés) pueden también ser lesivos a los delfines, así como a otras especies marinas, a pesar de los cual pueden entrar al mercado de EE UU con la etiqueta “DolphinSafe”.

La disputa atunera reflejó el poder que ejerció el movimiento ecologista estadounidense, en especial Isla de la Tierra, que logró bloquear con éxito durante casi dos décadas el acceso pleno del atún latinoamericano pescado en el Océano Pacifico Oriental con el método de lance de redes sobre delfines y que en su momento fue culpado por la muerte de miles de los adorados mamíferos marinos.

Aunque los embargos fueron levantados tecnicamente en 1997, México y otros países mantuiveron que la pequeña etiqueta “DolphinSafe” —que llevan impresas las latas de atún que se vende al menudeo en EE UU— representaba una distorsión tanto a las reglas del comercio internacional como a los compromisos multilaterales de México y otros países, de protección de los delfines bajo la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), en la Jolla, California.

La CIAT documentó que el 93% de los lances sobre atunes asociados con delfines no ocasionó mortalidad ni heridas graves de delfines en 2010. “Además, la mortalidad total de delfines en la pesquería ha disminuido de unos 132.000 en 1986 a unos 1.200 en 2010”, estimó el órgano.

Entre los países que participan en el Programa Internacional de Protección de Delfines están (Apicd, por su sigla en inglés) Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE UU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, la Unión Europea, Vanuatu y Venezuela.

El Apicd estableció el Sistema de Seguimiento de Atún, mediante el cual se da monitoreo al pescado desde el momento de captura hasta el momento de descarga. Todo el atún capturado en lances en los que no murió ni fue gravemente herido ningún delfín es designado "DolphinSafe”.

El mercado estadounidense del atún, el más lucrativo del mundo con ventas anuales estimadas en más de USD1.700 millones, se encuentra dominado por las tres mayores comercializadoras Starkist (propiedad de Dongwon con un 35% del mercado en términos de dólares), BumbleBee (empresa privada que tiene el 29%) y Chicken of the Sea (propiedad del Sindicato Thai de Tailandia, con el 19%).

Su dominio del mercado estadounidense del atún hace que solo un 17% de las ventas se repartan entre otras marcas, aunque gradualmente han empezado a penetrar el mercado estadounidense las exportaciones del atún mexicano (sin etiqueta DoplhinSafe), además de que experimentan un crecimiento de las llamadas marcas “blancas”, es decir las genéricas que venden las grandes cadenas de supermercados de EE UU.

Expertos consultados por Legiscomex.com coincidieron en ese sentido que si bien el fallo de la OMC favorece de manera directa al país que interpuso la demanda, en este caso México, es potencialmente posible que los cambios que implemente EE UU beneficien a otras pesquerías de la región, en especial a Colombia y Venezuela que pescan atún con lance de redes sobre delfines. Ecuador, un actor mayor en el mercado del atún, utiliza el método de FADS, por lo que su atún ya entra como “DoplhinSafe” a EE UU.

Por el momento México vende su atún —variedad aleta amarilla y más costoso que el barrilete— en los mercados hispanos de EE UU o en la sección “étnica” de los grandes supermercados, lo que en opinión de funcionarios mexicanos representa un impedimento real para un crecimiento mayor de sus ventas al público estadounidense en general.

A nivel de las comercializadoras, el Consejo del Atún del Instituto Nacional de Pesquerías, que representa a los tres más grandes procesadores de atún del mundo, Starkist, BumbleBee y Chicken of the Sea, señaló que no alterará su compromiso para vender atún que proteja a los defines.

La conquista paulatina del mercado de EE UU implica por ello las flotas como la de México, Colombia y Venezuela una combinación de esfuerzos, incluidos precios competitivos y una campaña de convencimiento a las cadenas de supermercados para que coloquen en sus estantes las latas del atún latinoamericano, aún sin la etiqueta “DolphinSafe”.

Algunas de las flotas atuneras latinoamericanas deberán además hacer inversiones si desean aumentar su capacidad de pesca y procesamiento, toda vez que países como México se han convertido en importadores del producto.
Sin embargo, cualquier cambio dependerá del mecanismo elegido por EE UU, en consulta con México, para implementar el fallo de la OMC, lo cual podría ser a través de enmiendas a la reglamentación del etiquetado “DolphinSafe”, aunque no se descartan medios legales alternativos que tengan un efecto similar.

Para el Instituto Cato “la mejor solución —una que claramente se encuentra dentro del marco de las reglas de comercio y que mejor protege a los delfines— es eliminar el requerimiento del etiquetado completamente y confiar en que los consumidores que aman a los delfines, hagan una elección racional”.

Es improbable, sin embargo, que los grupos ecologistas y de defensa de los consumidores abandonen su lucha y ya han empezado una campaña para presionar a la administración Obama para no solo no acatar el fallo de la OMC, sino poner fin a las negociaciones de la Alianza Transpacífica, además de ejercer presión en el Congreso para evitar una erosión a los estándares “DoplhinSafe”.