Derrames de Crudo en el Mar: Los 25 años del Caso Exxon Valdez

La exploración de crudo y sustancias no convencionales en el océano que va a iniciarse en Colombia plantea al Gobierno y al sector privado interrogantes acerca de la suficiencia de los planes de contingencia y de las competencias de los distintos entes gubernamentales para atender una emergencia de estas características.

Por: Liliana Rodríguez*
Rodríguez Retamoso & Asociados S.A.S. (RR&A)

El 24 de marzo de 1989, un poco después de la media noche, el barco tanquero Exxon Valdez colisionó con el arrecife Bligh en la bahía Príncipe Guillermo en Alaska. Este barco tenía a bordo más de 11 millones de galones de crudo. El derrame fue el más grande en la historia de EE UU hasta el incidente del Pozo Macondo de la British Petroleum Company BP, hace 3 años.

El tamaño del derrame y su localización muy lejos de la costa, en un sitio al que solo podía accederse por helicóptero o barco, hizo que fuera muy difícil limpiar el crudo y puso a prueba los planes de contingencia del Gobierno de EE UU para este tipo de situaciones.

El derrame afectó el ecosistema, la cadena alimenticia de la bahía y la industria pesquera. Además puso en peligro a varias especies de fauna propias del lugar como las aves migratorias, los leones de mar y distintos tipos de ballenas.

El incidente sirvió para establecer si las autoridades locales, nacionales y la empresa privada tenían la capacidad para responder a un desastre de esta magnitud.

La respuesta del Gobierno de EE UU y del sector privado.

En cuanto ocurrió el incidente la Guardia Costera de EE UU, competente para controlar las aguas navegables, detuvo la navegación en la zona. Posteriormente, el Departamento de Conservación Ambiental de Alaska junto a la Guardia Costera evaluaron la gravedad del derrame y coordinaron acciones con el nivel Federal. Sin embargo, la coordinación no fue muy expedita (1).

El sector privado, a través de Alyeska, una Asociación que agrupaba a todas las compañías privadas que transportaban petróleo en la zona, asumió la responsabilidad e inició inmediatamente la limpieza de la zona de acuerdo al plan de contingencia previamente acordado que tenía algunas falencias que llevaron a que las acciones no se ejecutaran con la suficiente rapidez.

Así mismo, otras organizaciones privadas expertas en fauna se vincularon y ayudaron a recuperar y minimizar los daños contra las especies en peligro. Entre estas organizaciones se involucraron universidades y centros biológicos.

La limpieza requirió la utilización de tecnologías de punta y los costos ascendieron a mucho más de lo que se había previsto inicialmente.

La respuesta del congreso de EE UU

Como puede observarse, la respuesta de las autoridades y el sector privado fue adecuada. Sin embargo, presentó descoordinación y lentitud en algunos aspectos.

Para mejorar la reacción, el Congreso de EE UU expidió una ley para la contaminación por petróleo denominada “Oil Pollution Act” (OPA, por su sigla en inglés).

La Ley de Contaminación por Petróleo (OPA) fue expedida en agosto de 1990. Fue una réplica a la creciente preocupación del público tras el incidente del Exxon Valdez.

La OPA mejoró la capacidad del país para prevenir y responder a los derrames de petróleo mediante el establecimiento de disposiciones que ampliaron la capacidad del Gobierno federal y proporcionaron fondos y recursos necesarios para responder a los derrames de petróleo.

La OPA creó el Fondo Fiduciario de Responsabilidad Derrame de Petróleo Nacional, que está disponible en EE UU para proporcionar hasta USD2.000 millones por incidente de derrame.

La OPA dispuso nuevos requisitos para la planificación de esta contingencia, tanto por parte del Gobierno como de la industria como la creación del Plan Nacional para Responder a la Contingencia de Contaminación por Petróleo y Sustancias Peligrosas (PNC).

La OPA comprende tres niveles: El Gobierno federal tiene la obligación de dirigir todos los esfuerzos de respuesta públicos y privados para ciertos tipos de eventos de derrames; los comités de área - compuestos por funcionarios del Gobierno federal, estatal y local - deben desarrollar detallados planes de contingencia para áreas específicas. Finalmente, los propietarios o armadores de buques y ciertas instalaciones que suponen una grave amenaza para el medio ambiente deberán elaborar sus propios planes de respuesta y crear un Fondo complementario para atender estas contingencias.

Por último, la OPA aumentó las penas por incumplimiento de las normas, amplió las competencias de las autoridades para dar respuesta y preservó la autoridad del nivel Federal para establecer la ley que regula la prevención de derrames de petróleo y la respuesta que debe otorgarse.

Además, el Congreso de EE UU en la OPA estableció regulaciones más estrictas para la construcción de los barcos tanqueros y dispuso que la Guardia Costera de EE UU debía hacer un seguimiento más estricto de los mismos, las empresas propietarias y sus operadores. Debido al incidente, los cascos de los barcos tanqueros de hoy tienen un doble fondo que los hace más seguros limitando el riesgo de derrames. Además las comunicaciones entre los capitanes de los buques y las torres de control se han vuelto más rápidas para mejorar la seguridad de la navegación.

Colombia frente a la OPA

Como podemos observar, la OPA no se limita a la respuesta frente a contingencias por hidrocarburos como el petróleo sino que también incluye otras sustancias como podría ser el caso del carbón.

En Colombia es importante el desarrollo de planes eficientes que permitan una respuesta rápida para controlar y prevenir los riesgos que una situación inesperada pueda generar en el medio ambiente y la economía de las costas. Además se requiere de la formación especializada de los funcionarios en estos temas especializados.

En el caso de EE UU, es especialmente ejemplarizante la forma en que los esfuerzos del sector público y privado se articularon para minimizar las consecuencias negativas del derrame. Esta actitud positiva es un buen ejemplo para otros países y sirve de fundamento para el desarrollo de políticas públicas en Colombia.

¡Buen viento y Buena mar!

La próxima exploración de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el Caribe y el Pacífico colombianos invita a la reflexión sobre el régimen legal y los casos nacionales e internacionales. Estas actividades envuelven tecnología muy especializada y segura. Sin embargo, han existido situaciones excepcionales.

Notas al pie de página

* LLM en Derecho Marítimo de la Universidad de Southampton (Reino Unido) y LLM en Banca, Finanzas y Arbitraje Internacional en Queen Mary & Westfield College - Universidad de Londres. Abogada y Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes (Colombia). Model WTO en Ginebra (Suiza). Becaria COLFUTURO y Unión Europea – Programa Alban.

(1) Ver: Resumen Ejecutivo del Reporte al Presidente de Estados Unidos: Derrame Exxon Valdez. En http://www2.epa.gov/aboutepa/exxon-valdez-oil-spill-report-president-executive-summary

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