Guatemala no requiere de nuevas leyes para atender la crisis que afecta a 350.000 campesinos, dijo en rueda de prensa el presidente del Comité de Cardamomo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Jorge Mario del Cid.

El empresario reveló que el diputado Luis Fernández Chenal, del gobernante Partido Patriota, tiene la intención de impulsar una ley para controlar la producción y la comercialización de este producto, lo cual agravaría la crisis.

El sector productor de cardamomo exhortó al Gobierno del presidente Otto Pérez Molina a que ponga en marcha programas de instituciones como el Ministerio de Agricultura para enfrentar el problema de esta especie para salvar a los productores.

Del Cid dijo que crear una nueva ley para controlar la comercialización sólo obstaculizará el libre mercado y la competencia del cardamomo de Guatemala, que es el primer productor mundial de la especie.

La producción total de cardamomo, unas 37.000 toneladas métricas en el 2013, es exportada a los países árabes y Europa.

Según el director del área del cardamomo de la Agexport, Rodolfo Rivera, el país centroamericano tiene una producción histórica, pero advirtió que los bajos precios por sobreproducción en la India y una plaga que afecta al 30% de las plantaciones, han mermado los ingresos de divisas.

El empresario comentó que hace tres años el país obtenía USD350 millones por la exportación de esta especie, pero el año pasado cayó a USD150 millones.

Rivera expresó que la normativa que pretende impulsar el legislador es rechazada por los productores porque no se les consultó para la elaboración de la iniciativa que además ya recibió un dictamen negativo del Ministerio de Economía.

La ley "controlaría la producción, comercialización y exportación del cardamomo mediante la fijación de precios, autorización de licencias, permisos, registros, multas y sanciones e incluso permitiría al Estado hacer negocios de compra y venta, lo que va en contra del comercio y el mercado internacional", advirtió.

La iniciativa, que está en trámite en el Congreso, también incluye la creación de un Instituto que contaría con un monto del 1% por ciento del presupuesto general anual, equivalente a unos USD86,5 millones.