La figura de las defensorías públicas es sin lugar a dudas, en el sistema jurídico, social y político colombiano, una novedosa forma de implementación de mecanismos más prácticos y eficientes que tienden a materializar ese Estado social de derecho declarado en el preámbulo de la Constitución Política de 1991, el cual propende por la protección y la correcta aplicación de los derechos de los asociados y la responsabilidad derivada que nace del ejercicio efectivo de ellos.

Es así como el Estado, en desarrollo de dichos preceptos superiores y gracias a toda una serie de avances normativos y a una palpable evolución social, ve la necesidad de la existencia de un verdadero reconocimiento de nuevas garantías que permitan a la administración brindar una adecuada tutela de derechos a los gobernados.

Una de estas garantías es la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero y Cambiario, institución especial del Estado Colombiano perteneciente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que, como todas las de su clase, tiene el firme propósito de garantizar a los contribuyentes y a los usuarios aduaneros que ejerce sus respectivas funciones dentro de un marco legal, orientado y regulado por las disposiciones constitucionales y en especial, de las leyes tributarias, aduaneras y cambiarias.

Aunque la organización de la defensoría no es nueva en Colombia, su reglamentación sí lo es en cierta medida. Tiene su origen legal en el artículo 31 del Decreto 1071 de 1999, estableciéndose como su misión la de garantizar el respeto de los derechos de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes y usuarios aduaneros por medio de la evaluación y seguimiento de las normas y procesos tributarios.

Tanto el contribuyente como el usuario aduanero son titulares de una serie de derechos fundamentales, en concordancia con los lineamientos constitucionales, que deben en todo momento ser reconocidos y respetados por las autoridades, para el caso DIAN, y dentro de los cuales básicamente se encuentran, por mencionar algunos, el derecho a que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la entidad; el derecho a recibir información actualizada sobre los procedimientos y cambios en la normativa aplicable en materia de impuestos y aduanas; derecho a obtener respuesta escrita clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas formuladas por el contribuyente y usuario aduanero y cambiario.

Otro gran derecho tutelado por la defensoría es el que tiene el usuario o contribuyente de que toda solicitud, trámite o petición, sea resuelta por los funcionarios a la luz de los principios de economía, justicia, equidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, contradicción y transparencia. Sin embargo, si bien esta institución fue creada en 1999, no fue sino hasta el 2003 que se reglamentanron el derecho de petición y la presentación y trámite de quejas y reclamos ante esta unidad administrativa, mediante Resolución 711 del 2003 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Por su parte, las solicitudes especiales de información hechas a los servidores públicos también fueron reguladas mediante Resolución 3192 del 2003, es en ese momento en que ese derecho, en algún lugar nominado pero impalpable al contribuyente, se concretiza gracias a la implantación de un procedimiento público y legalmente establecido que no traduce otra cosa sino la materialización de aquella protección ofrecida en determinado momento, pero nunca, efectivizada.

No obstante, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero se convierte desde su creación en el organismo pensado para ubicarse al nivel del particular, brindar servicios que van más allá de la simple vigilancia, para contrarrestar la potestad administrativa en aras de ofrecer al contribuyente y usuario aduanero, un trato justo y equitativo que permita que los usos y labores cotidianas se desarrollen con mayor naturalidad. Por consiguiente, genera un nivel de confianza por parte de los administrados respecto de las funciones de la administración.

Resultados de la gestión efectiva de esta defensoría pueden verse en las estadísticas que a la fecha, confirman que instituciones como esta resultan necesarias y son viables para fomentar no solo la legalidad de actuaciones mediante acciones correctivas, sino también el correcto uso de los medios que a disposición tienen cientos de personas que desconocen los trámites y requisitos generales para cada una de las actuaciones tributarias y aduaneras, que previene así el recurso último de ejercer esas acciones correctivas.

Sin lugar a dudas hay que mostrarse conforme con el mérito por los logros alcanzados por proteger al usuario, pero es necesario reconocer que este organismo no tiene aún la suficiente difusión y reconocimiento adecuado por parte del público, lo que restringe su cubrimiento y presenta un gran desconocimiento en sectores de usuarios que con menor frecuencia tienen contacto con esta administración.

Tal vez con programas y organismos como el recién creado comité del contribuyente, la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero pueda expandir a todo el público su cobertura y adopte políticas indispensables para el cabal cumplimiento de su función, esto es, trabajar por un sistema tributario y aduanero justo, eficiente y comprometido, que a final de cuentas, representa un beneficio para todos.

De esta forma, esperamos que el debate que en estos días se ha abierto en relación con los alcances y funciones de esta institución, se cristalice en su consenso que permita que cualquier ciudadano vea en la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, un defensor que represente sus intereses ante unos procedimientos que, algunas veces, se nos muestran como kafkianos.

*psarmiento@DELOITTE.COM
Con colaboración del consultor Jorge Torres