Para el presidente venezolano Nicolás Maduro, la guerra contra el contrabando, que tiene su epicentro en la frontera con Colombia, es “uno de los brazos de la guerra económica contra el país". Y cuando aquí el Gobierno habla de guerra económica, hace referencia a una suerte de complot “del imperialismo yanqui y sus aliados para crear caos en el país” mediante una estrategia que busca afectar la economía.

Para el diputado opositor Eduardo Gómez Sigala, la guerra económica es un discurso distractor del Gobierno, que pretende atribuir a un presunto complot internacional la responsabilidad de una política económica que sólo ha causado recesión (este año el Producto Interno Bruto registrará una contracción de entre 1,0% y 3,0%); inflación superior al 60% anual; desabasto de alimentos y productos básicos; un gasto público desbordado; escasez de dólares y un déficit fiscal de alrededor del 15%.

El politólogo y economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Carlos Uzcátegui, dijo a Legiscomex.com que en ese contexto “la llamada guerra contra el contrabando es también parte de un discurso que busca distraer a los venezolanos de los problemas que viven día a día para abastecerse de alimentos y lidiar con una inflación que aniquila sus salarios”.

“El Gobierno busca culpar a Colombia del contrabando que se va a ese país, cuando la verdadera culpable es la política económica y el control de cambios que nos tiene con una paridad ficticia (del bolívar frente al dólar) y que hace que nuestros productos resulten infinitamente baratos para los colombianos”, señala el Uzcátegui.

El vicepresidente Jorge Arreaza, yerno del fallecido presidente Hugo Chávez y el funcionario que tiene a su cargo la “guerra contra el contrabando”, ha señalado que durante el mes de diciembre se intensificarán los controles en la frontera con Colombia para evitar que los productos navideños acaben en el vecino país.

Según Arreaza, los productos que faltan en Venezuela se van de contrabando a Colombia y a la economía informal.

Para Uzcátegui, tanto el contrabando como la economía informal son alimentados por las distorsiones que provoca el control de cambios en Venezuela, donde el dólar tiene tres cotizaciones oficiales: 6,30; 12,00 y 49,98 bolívares por unidad. En el mercado negro, sin embargo, la moneda estadounidense alcanza los 100 bolívares.

“Ese diferencial entre dólar oficial y dólar de mercado paralelo, es lo que alienta el contrabando y la economía informal”, dijo el politólogo y economista.

La mayoría de productos básicos e insumos son importados en Venezuela a la tasa preferencial de 6,30 bolívares por dólar y se venden a precios regulados, lo que los abarata en forma significativa cuando se adquieren con divisas de mercado negro.

“Esto es lo que hace que los alimentos y miles de productos tengan precios irrisorios en Colombia, y eso es lo que mueve el contrabando, más si se trata de combustible”, señaló Uzcátegui.

Un galón de gasolina, por ejemplo, tiene un valor de COP75 en Venezuela, mientras que en Colombia se vende en COP8.500 colombianos, es decir, 110 de veces más. El presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Asdrúbal Chávez, estima que cada día se envían de contrabando a Colombia 45.000 barriles de gasolina, lo que genera pérdidas de USD200 millones anuales a este país.

Las medidas anunciadas por Arreaza para reforzar los controles fronterizos a fin de combatir el contrabando han sido presentadas por el gobierno venezolano como exitosas. Según el vicepresidente, desde el pasado 11 de agosto se ha decomisado 26.914 toneladas de alimentos y 54,1 millones de litros de combustible, lo que, asegura, aumentará de manera significativa durante la época decembrina.

De acuerdo con estimaciones del gobierno venezolano, a lo largo de la frontera con Colombia, que abarca 2.219 kilómetros, circulan de forma ilegal mercancías que equivalen al 40% de las que se destinan al mercado interno.

El contrabando es un apetitoso negocio operado por mafias binacionales en complicidad con autoridades de los dos países, según denuncias de comerciantes de la zona fronteriza.

El pasado lunes 1 de diciembre, en un confuso incidente, la Guardia Nacional de Venezuela dio muerte a un hombre identificado como Yofre Orejuela en el municipio fronterizo de García de Hevia.

El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, dijo que la muerte de Orejuela se produjo cuando presuntos paramilitares colombianos dedicados al contrabando atacaron un puesto de la Guardia Nacional en un intento por rescatar 40.000 litros de gasolina que los uniformados habían retenido en una operación contra el trasiego de combustible hacia Colombia.

Familiares de Orejuela, sin embargo, identificaron al fallecido como profesor de educación física y descartaron que fuera un paramilitar. Dijeron que cuando murió, producto de los disparos de la Guardia Nacional, regresaba de una fiesta en compañía de su novia y unos amigos.

El diputado opositor Walter Márquez sostuvo que es falso que el puesto de la Guardia Nacional fuera atacado por un grupo de paramilitares y sostuvo que lo ocurrido fue una reacción de protesta del pueblo fronterizo frente al asesinato de un ciudadano común.

"Mucha gente vio lo que ocurrió porque se estaba realizando una vendimia, una fiesta a esa hora, a medianoche, y presenciaron el hecho. El ataque hacia el puesto de la Guardia fue con lanzamiento de piedras y objetos contundentes, así como un vehículo que fue lanzado al río, como una reacción de protesta de la gente", dijo el legislador.

El pasado martes 2 de diciembre, el presidente Maduro ordenó “multiplicar” la presencia militar en la zona fronteriza con Colombia y avaló la versión de Vielma Mora de que el puesto de la Guardia Nacional fue atacado “por 30 hombres armados”.

El gobernante le pidió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, trasladar batallones de fuerzas especiales a la zona, lo que según Márquez sólo afectará a la población civil y no a los contrabandistas, que siguen desarrollando su negocio ilegal a través de unos 190 caminos fronterizos clandestinos, conocidos como “trochas”, que se ubican en la zona limítrofe.

Para Uzcátegui, mientras subsistan los amplios diferenciales de precios entre los dos países, producto del control de cambios en Venezuela, “la guerra contra el contrabando será una guerra perdida”.

Las afectaciones que sufre la población fronteriza por los abusos derivados del combate al contrabando son un tema presente en la agenda de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, ha criticado las medidas unilaterales adoptadas por Venezuela frente a ese delito considera que de esa forma ni se soluciona el problema del contrabando ni se propicia la integración binacional.

Para el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en el fronterizo estado Táchira, Daniel Aguilar, esa estrategia es ineficaz, genera un caos en la frontera común y elude el problema de fondo, que es el diferencial cambiario.

Los empresarios de los dos países han insistido ante el gobierno de Venezuela en la necesidad de crear un régimen especial en la frontera, con un tipo de cambio especial y un sistema que desincentive el contrabando y permita a los colombianos venir a Venezuela a adquirir los productos legalmente.

Las autoridades de Venezuela defienden el plan y aseguran que hasta el 4 de diciembre había permitido la detención de 1.761 personas, de las cuales 1.028 permanecen en prisión sujetas a proceso. Un caso emblemático es el de la bacterióloga guajira Ana Maritza Mendoza, quien fue sometida a indignas condiciones de reclusión en Maracaibo por cargos de intentar cruzar a Colombia con insumos naturistas con valor comercial de USD250.

Durante una reunión con Holguín el mes pasado en Caracas, el canciller venezolano Rafael Ramírez reconoció que el combate al contrabando es uno de los temas más complejos de la agenda bilateral.

“Ambos países están conscientes de la importancia de la lucha contra el contrabando y vamos a revisar temas como el intercambio de información sobre estructuras criminales y coordinar la respuesta operativa para desmantelarlas. También hemos tratado el tema de los detenidos por contrabando hemos ofrecido revisar la situación de los procesos de los colombianos detenidos por contrabando menor”, sostuvo el canciller.