El pasado domingo 14 de julio, al cumplirse tres meses de su controvertido triunfo electoral ante el candidato opositor Henrique Capriles, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó la primera expropiación de su Gobierno. Se trata de un terreno en el suroccidental estado Apure, a fin de construir viviendas para las 213 familias asentadas de manera irregular en ese predio.

El anuncio de expropiación, que se produjo durante un acto popular, hizo recordar el estilo de hacer política del fallecido presidente Hugo Chávez y revivió los temores de los inversionistas de que los severos problemas económicos que enfrenta el país hagan a Maduro caer en la tentación de reactivar la llamada “economía comunal”, una estrategia orientada a socializar la economía venezolana mediante la creación de “organizaciones socio productivas bajo régimen de propiedad social comunal”, según establece la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal aprobada en el 2010.

Desde que Maduro asumió las riendas del gobierno venezolano, en diciembre pasado, tras el recrudecimiento del cáncer que cobró la vida de Chávez, las expropiaciones de empresas y predios se habían detenido en el país.

El decreto expropiatorio que anunció el presidente el pasado domingo 14 de julio hace temer a los inversionistas la restitución del proyecto de economía comunal que durante años ha mantenido en permanente tensión y competencia los conceptos de “propiedad social comunal” y “propiedad privada”.

Desde que Maduro asumió la Presidencia, el 19 de abril anterior, el gobernante ha mantenido una actitud dialogante con el sector privado y parecía que el proyecto de economía comunal, destinado a incrementar el papel del Estado en los sectores productivos y de servicios, en desmedro de la actividad privada, había pasado a un segundo plano, en especial por los graves problemas económicos que enfrenta el nuevo Gobierno.

Venezuela vive una desaceleración económica, una alta inflación que llegó al 25% en primer semestre del año y una aguda escasez de dólares y de productos básicos, lo que deja al Gobierno con muy poco margen para profundizar la instauración del socialismo en el país.

El abogado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Herrera, dijo a Legiscomex.com que en medio de las adversidades económicas es improbable que el Gobierno de Maduro pueda reeditar la política de expropiaciones masivas que desarrolló el fallecido presidente Chávez a lo largo de su gestión como jefe de Estado (1999-2013), durante la cual fueron expropiadasunas 1.440 empresas agrícolas, agroindustriales, alimenticias, petroleras, cementeras, comerciales, de construcción y de servicios, entre otras, así como terrenos baldíos y predios ocupados de manera irregular por familias sin techo.

Herrera, un especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional, señaló que la instrumentación de la estrategia de economía comunal –que tiene un fuerte componente expropiatorio—requiere de un fuerte financiamiento estatal y de millonarios subsidios oficiales porque las empresas privadas que el Gobierno transforma en “organizaciones socio productivas de propiedad social comunal” son, en general, improductivas y operan con pérdidas.

“En estos momentos el Gobierno no tiene capacidad de financiamiento”, señaló el abogado, quien es asesor de empresas y gobiernos municipales y socio de la firma legal Araquereyna.

Con un déficit del sector público que rondó el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) el año anterior, un desmedido crecimiento de las importaciones –que en el 2012 consumieron el 67% de las exportaciones petroleras— y una deuda externa de USD105.779 millones, que equivale al 55% del PIB, el Gobierno de Venezuela tiene demasiadas urgencias económicas que atender y con lo que menos cuenta es con recursos para expropiar empresas y subsidiar unidades socialistas de producción improductivas como las decenas que ya existen en el país.

Para la economista de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Leonor Filardo, “la economía comunal que con tanta obsesión quiso impulsar el presidente Chávez para construir el socialismo, tuvo un alto costo para el país y es uno de los factores que contribuyó al deplorable estado de la economía que existe en la actualidad”.

De acuerdo con la doctora en Economía por la Universidad de Virginia, en EE UU, “las millonarias trasferencias de recursos a las improductivas empresas estatales son en parte causantes del descalabro financiero del régimen chavista”, que ha recibido ingresos petroleros por más de USD700.000 millones en la última década, gran parte de los cuales “se despilfarraron en subsidios y en gasto público ineficiente”.

“El concepto de economía comunal es ideológico y si los países toman el camino de las ideologías van directo al fracaso. Aquí hay una obsesión con teorías las socialistas y comunistas. Esto es una trampa que, en economía, no funciona”, señaló Filardo.

Una herencia del presidente Chávez, quien falleció el 5 de marzo anterior, a su sucesor Nicolás Maduro, fue todo un andamiaje legislativo que permite desarrollar la economía comunal para imponer, en forma progresiva, el predominio de la “propiedad social” sobre la propiedad privada y la implantación de un “Modelo Productivo Socialista” cuyas unidades de producción consumirán este año el 19,3% (unos USD17.790 millones) del presupuesto público.

A través de una decena de leyes aprobadas entre el 2006 y el 2012 por la unicameral Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, el Gobierno de Maduro dispone de las herramientas legales para intensificar el proyecto de socialización económica que con tanto empeño impulso el presidente Chávez.

Según el Artículo 4, numeral 11, de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la economía comunal “es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las comunidades bajo formas de propiedad social al servicio de sus necesidades de manera sustentable y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

De esta forma, las relaciones sociales de producción las desarrollan las comunidades, no las empresas privadas; la propiedad en toda actividad sujeta a la economía comunal es la propiedad social, que es una forma encubierta de propiedad estatal con cierta participación de los privados en el uso o disfrute del bien de producción, y las unidades de comunales de producción operarán bajo una planificación centralizada de la economía cuya instrumentación requiere de expropiaciones arbitrarias que se ejecutan en forma selectiva.

Para el abogado Herrera, la propiedad social y la propiedad privada “en absoluto pueden convivir, son excluyentes, no hay término medio”.

“Actualmente hay en Venezuela bienes bajo propiedad privada y otros bajo propiedad estatal o social, pero los primeros no están bajo régimen de propiedad privada, solo que son casos que el Gobierno Nacional tolera y permite, hasta que considere que toca su turno de ser ‘rescatados’, ‘intervenidos’ o ‘expropiados’, dado que no hay Estado de Derecho por falta de tribunales independientes en Venezuela”, explicó el experto y profesor universitario.

Herrera forma parte de un grupo de profesores de Derecho de universidades pública y privadas de Venezuela que hace tres años presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad contra la Ley Orgánica del Poder Popular –una legislación fundamental de la economía comunal- y hasta la fecha ni siquiera se ha admitido ese recurso mientras la propiedad estatal o social crece cada día más.

Luego de ganar los comicios de octubre pasado, Chávez encabezó un consejo de ministros en el que dijo al entonces vicepresidente Nicolás Maduro que la economía comunal es un pilar del proyecto revolucionario y “la esencia del poder popular”.

“Comuna o nada, o si no, ¿qué es lo que hacemos aquí?”, planteó Chávez y enseguida agregó: “Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida”. Para Maduro, sin embargo, no será nada fácil profundizar la economía comunal pues, además de los problemas urgentes que debe afrontar, carece del carisma, la popularidad y la proyección política de su antecesor.

“Maduro tiene un camino cuesta arriba, pero esto no significa que van a desaparecer los intentos de profundizar este modelo de economía comunal”, comentó el analista político Luis Manuel Franco.

Desde que Maduro asumió como presidente de Venezuela, hace tres meses, emprendió un camino de diálogo con el sector privado a través del nuevo ministro de Finanzas, Nelson Merentes, considerado menos ortodoxo que su antecesor, Jorge Giordani.

“Muchos sectores han tomado esto como una buena señal, de acercamiento al sector privado, pero yo soy muy escéptico. Medidas así se habían tomado bajo la Presidencia del fallecido Hugo Chávez pero esto normalmente correspondía a una situación coyuntural, ya sea de tipo electoral o por circunstancias de tipo económico. Creo que ahora ocurre lo mismo. El país enfrenta una situación de desabastecimiento, de escasez y de inflación muy acelerada y sin el concurso del sector privado difícilmente va a poder el Gobierno atender esta situación”, sostuvo Herrera.

Para Herrera, abogado y ex funcionario del Poder Judicial, el Gobierno de Maduro ha asumido, frente al sector privado, una postura “contradictoria porque en forma paralela a esa aparente apertura y disposición al diálogo, se sigue criminalizando al sector privado, se le sigue acusando de ser responsable de la inflación, de la escasez, del acaparamiento y de ser contrario a los intereses del pueblo”.

Dijo que la verdadera conciliación con el sector privado “se puede dar con seguridad jurídica, que permita hacer inversiones sin la cantidad de violaciones a los derechos de propiedad y de libre de empresa que se viene acumulando en Venezuela”.

El abogado consideró que las expropiaciones y la estrategia de economía comunal continuarán en Venezuela “porque estamos ante una política de Estado, pero creo que será un proceso más lento y discreto de lo que se ha observado en los últimos años”.

Filardo, por su parte, comentó que Maduro “tiene el mismo proyecto ideológico de su mentor Hugo Chávez y la economía comunal forma parte de su programa de gobierno, por lo que es un proyecto que sin duda seguirá, aunque quizá no con la misma intensidad” que durante el periodo del fallecido presidente.