Los chilenos comenzaron a tomar conciencia acerca del lavado de dinero proveniente del crimen organizado en julio de 1997, cuando unos días después de la muerte del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, alias “El señor de los cielos”, la policía descubrió que ese mismo año había pasado tres meses en este país –entre marzo y junio— como un hombre de negocios que se hacía llamar Juan Arriaga Rangel y que en ese breve lapso blanqueó millones de dólaresa través de operaciones financieras e inmobiliarias.

De entonces a la fecha, Chile ha registrado importantes avances en el combate al lavado de activos, como la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional, que en ambos casos comenzaron a operar en 2004.

La UAF y la Ulddeco son las dos instituciones en las cuales recae el mayor peso de la lucha contra en blanqueo de dinero en Chile, donde entre el 2007 y septiembre del 2012 se emitieron 48 sentencias condenatorias contra 90 personas por ese delito.

“El lavado es un delito complejo de perseguir, pero si comparamos Chile a nivel sudamericano, hemos obtenido buenos resultados porque aquí tenemos sentencias definitivas por la comisión de ese ilícito y en otros países se habla de lavado pero no existen sentencias”, dijo a ‹b›Legiscomex.com‹/b› el subdirector de la Ulddeco de la Fiscalía Nacional, Marcelo Contreras.

El funcionario reconoció, sin embargo, que la apertura económica que caracteriza a su país lo hace vulnerable al blanqueo de activos por parte del crimen organizado trasnacional, lo que obliga a mejorar la legislación y adaptarla a los estándares internacionales.

La ley en la materia, la 19.913, fue promulgada en el 2003 y modificada en el 2006, y la UAF y la Ulddeco buscan modificaciones que les otorguen más facultades para investigar, prevenir y combatir ese delito.

La directora de la UAF del Ministerio de Hacienda, Tamara Agnic, planteó la necesidad de actualizar la denominada ley antilavado y aprobar una iniciativa que se tramita en el Congreso desde hace seis años.

“La UAF y la Fiscalía de Chile necesitamos nuevas herramientas y nuevas facultades para prevenir y perseguir el blanqueo de fondos, y esto lo saben los lavadores. Otros países de la región avanzan endureciendo sus legislaciones contra el crimen organizado, pero Chile corre el riesgo de transformarse en una plaza cada día más atractiva para las mafias internacionales porque la legislación no se moderniza con la misma rapidez con que los delincuentes buscan nuevas formas para burlar los controles”, sostuvo Agnic.

La Comisión de Constitución del Senado chileno evalúa una iniciativa para ampliar las facultades de los fiscales y de la UAF cuando se trata de delitos vinculados al terrorismo y al lavado de dinero.

"Por la naturaleza extraordinaria de delitos como narcotráfico y narcoterrorismo, se busca dar a los investigadores más herramientas, como la designación de un ministro que dentro de un plazo máximo de 24 horas pueda decretar medidas cautelares de embargo o de suspensión de operaciones sospechosas (de lavado de dinero). Esa situación de carácter excepcional exige tomar medidas con la mayor prudencia, porque también pueden haber personas que sean inocentes y quedarían en la indefensión si acaso se comete un error", dijo el senador Hernán Larraín.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado señaló que Chile debe proteger los derechos de las personas, pero al mismo tiempo requiere de una legislación antilavado “que opere en forma rápida y expedita cada vez que ocurra un hecho de esta naturaleza".

De acuerdo con Larraín, el proyecto está virtualmente acordado en todas sus líneas salvo en aspectos puntuales de carácter procesal. "Estamos hablando de medidas que se adoptan cuando hay lavado de dinero, narcotráfico, narcoterrorismo y las implicancias que esto tiene para el mundo financiero exigen la mayor prolijidad posible", sostuvo el congresista de la gobernante Unión Demócrata Independiente (UDI).

Como parte de los proceso por blanqueo de dinero, las autoridades judiciales del país decomisaron el año anterior USD2,5 millones en dinero, inmuebles y vehículos, una cifra record en Chile, pero considerada menor en comparación con naciones de la región con alta incidencia del narcotráfico como México y Colombia.

Según estimaciones de la Fiscalía Nacional, la incidencia del lavado de activos en Chile es muy superior ala que se logra detectar.

“Contamos un sistema antilavado eficiente, pero por la apertura plena que tenemos al comercio internacional tenemos que redoblar los mecanismos de control”, dijo Contreras, el subdirector de la Ulddeco.

El funcionario de la Fiscalía descartó que los mecanismos de prevención de ese delito perjudiquen los flujos comerciales de Chile con el resto del mundo, que son parte fundamental del modelo económico de este país caracterizado por su apertura que descansa en una red de 22 acuerdos comerciales con 60 naciones que representan el 85,7% del Producto Interno Bruto (PIB) global.

“Cuando usted hace transacciones con un país que tiene una reglamentación precaria para controlar el lavado de activos, usted revisa dos o tres veces esa misma transacción y eso genera un costo. En cambio, cuando usted sabe que un país cumple con los estándares internacionales (para combatir ese ilícito) ese costo se reduce. Entonces, para los empresarios que hacen el comercio internacional es benéfico que un país cumpla con esos estándares, es más rentable”, dijo Contreras.

Mencionó como ejemplo que los países que aparecen a la cabeza de la lista negra internacional sobre lavado de dinero son Irán y Corea del Norte, ninguno de los cuales se caracteriza por su apertura económica y flujos comercio exterior, mientras que las naciones con mayores salvaguardas ante ese tipo de delito son las más insertadas en la economía globalizada.

El funcionario judicial señaló que de acuerdo con la legislación chilena vigente desde el 2003, el lavado de activos y dinero no solo se refiere a recursos procedentes del narcotráfico, sino también de la corrupción, el cohecho, el fraude al fisco, la malversación de caudales públicos, el trafico der armas, la trata de personas o de inmigrantes y el terrorismo.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre el 2% y el 5% del PIB global es blanqueado cada año, lo que equivale a entre USD1.400 y USD3.500 millones.

De acuerdo con datos de la UAF, las notarías y las empresas de compra y venta de automóviles son los sectores económicos que más utiliza el crimen organizado en Chile para blanquear activos, pues están presentes en ocho de cada 10 casos llevados a la justicia. Les siguen los registradores de bienes raíces, los corredores de propiedades, las empresas de gestión inmobiliaria y los bancos, los cuales aparecen en el 33% de las sentencias condenatorias por ese ilícito.

“Estas cifras nos dan una radiografía del lavado de activos en Chile en la que hemos podido derribar suposiciones, como la de que es la banca el principal sector económico vulnerado por los lavadores de dinero. Vemos que no es así. También hemos confirmado sospechas, como que el narcotráfico es el principal delito en que se origina el lavado de dinero, lo que corroboramos porque eso ocurre en el 88% de los casos penalizados”, dijo Agnic, la directora de la UAF.

La UAF y la Fiscalía Nacional mantienen supervisión sobre 4.600 entidades entre las cuales destacan los usuarios de las zonas francas (1.890), los corredores de propiedades (856), las notarías (334), las casas de remates (248), las casas de cambio (239), los bancos (24) y las empresas de transferencias de dinero (20), entre otras, que deben reportar a las autoridades las “operaciones sospechosas” que detecten en sus transacciones cotidianas.

Los bancos y las empresas de transferencias de dinero son los que suelen emitir la mayor cantidad de reportes, con 410 durante el primer semestre de este año, seguidos de las casas de cambio, con 72. Esa información ha derivado, durante el periodo, en 250 procesos sancionatorios iniciados por la Fiscalía Nacional por cargos de lavado de dinero y/o activosde procedencia ilícita. De esos procesos, 102 fueron por operaciones en zonas francas; 71, en corredurías de propiedades; 21, en empresas de gestión inmobiliaria; 10, en casas de cambios, y 2, en bancos.

En su propósito de reforzar las políticas en la materia, las autoridades chilenas preparan una primera Estrategia Nacional Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que tendrá como propósito “un combate frontal a ese delito” con una política integral que apunte de manera más rigurosa a la prevención, a la persecución y a la penalización de ese delito. En el diseño de ese programa participan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Agnic sostuvo que a Chile le queda mucho por avanzar en la prevención de lavado de activos, por lo cual “es fundamental el esfuerzo que hemos hecho para detectar los sectores económicos e institucionales más expuestos a ese delito y proponer medidas mitigatorias, así como para establecer un sistema de coordinación eficiente entre el sector privado y las instituciones públicas ligadas al combate del ilícito”.

La directora de la UAF y presidenta pro-témpore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)señaló que los resultados que ha obtenido Chile en sus políticas antilavado “delinean nuevos desafíos para el país, como el perfeccionamiento de los análisis de inteligencia y el trabajar en los cambios normativos y legales que sean necesarios para un efectivo combate al crimen organizado”.

Chile figura como un país de tránsito de droga debido a su vecindad con Bolivia y Perú, que son, junto con Colombia, los principales productores de hoja de coca, materia prima de lacocaína. Según el reporte anual sobre narcotráfico del Departamento de Estado de EE UU, la fuerte lucha contra los cultivos ilícitos en Colombia ha hecho caer en más de la mitad los sembradíos de hoja de coca en ese país en la última década, mientras que en Perú crecieron en 40% y en más del doble en Bolivia. Estos dos últimos países también aumentaron su participación como productores de cocaína pura y Perú se convirtió en el exportador número uno en el mundo de esa droga.

En ese contexto geográfico y criminal, Chile no solo ha visto incrementar el uso de su territorio como puente de tráfico de cocaína hacia otros países y, en particular, a Europa, sino que el consumo interno de drogas se ha incrementado. Según el reporte anual 2011 sobre drogas de Naciones Unidas, Chile es el segundo mayor consumidor per cápita de marihuana y cocaína en Sudamérica.

“Todo esto trae aparejado el problema de lavado de dinero de las mafias internacionales y de las banda locales, lo que se agudiza por la apertura económica y el comercio internacional que caracteriza al modelo económico chileno”, aseguró el director del Centro de Estudios Estratégicos de Chile, Carlos Gutiérrez.