Si damos una mirada a la historia económica del país encontramos como con la constitución de la Zona Franca Industrial y Comercial de Barranquilla se dio inicio en el año 1959 al régimen de Zonas Francas en Colombia, bajo un enfoque de administración pública. Sin embargo por diversas razones de tipo político, económico y legal, hasta el 2005 solo se contaba con un número reducido de Zonas Francas declaradas en todo el territorio nacional, por lo que fue necesario realizar un cambio de enfoque en cuanto a la finalidad perseguida por este instrumento, el cual se materializó con la Ley 1004 del 2005, pasando así las Zonas Francas de tener una vocación eminentemente exportadora, para convertirse en un polo de atracción de nuevas inversiones y generación de empleo, lo que conllevó entre otros beneficios a poder cumplir con los compromisos supranacionales adquiridos por el país ante la Organización Mundial del Comercio – OMC, en lo referente al desmonte de las subvenciones fiscales atadas a las exportaciones realizadas en estas zonas especiales.

El cambio de enfoque permitió encauzar el rumbo de las Zonas Francas, incrementar exponencialmente las áreas declaradas en todo el territorio nacional y posicionarlas como uno de los principales vehículos de inversión al momento de estructurar modelos de negocios locales y extranjeros. Su detonación tuvo como principal soporte el equilibrio alcanzado entre los beneficios otorgados a los usuarios del régimen franco y el impacto positivo que el desarrollo de la figura generó en la economía local y por ende en el conglomerado social.

En este contexto, las Zonas Francas dejaron de ser concebidas exclusivamente como unas zonas geográficas con beneficios tributarios, para pasar a ser vistas como instrumentos que contribuyen al dinamismo económico del país, a través de las cuales se pueden estructurar verdaderos parques industriales, con soluciones integrales para el desarrollo competitivo de negocios transfronterizos.

Es así como hoy en día operan Zonas Francas pertenecientes al sector salud, portuario, automovilístico, combustibles, alimentos y bebidas, entre muchos otros que encontraron en el régimen franco una alternativa financiera, logística y corporativa viable para desarrollar su modelo de negocios, y que tal vez de no existir la figura con la visión que actualmente se tiene, no hubiera sido posible llevar a cabo los proyectos de inversión.

Bajo este panorama, el gran reto que en la actualidad se tiene por parte del estado, ya no es lograr que el sector empresarial acoja el modelo de Zonas Francas para el desarrollo de sus negocios, sino que el mismo opere bajo estándares internacionales, lo cual solo es posible lograr si se cuenta con un régimen jurídico ajustado a la realidad actual de los negocios globales, un régimen tributario uniforme para los usuarios del sistema franco, que no distorsione la carga impositiva en razón al momento en que se accede al régimen especial, y unas políticas económicas perdurables en el tiempo, que otorguen seguridad jurídica a los inversionistas locales y extranjeros que se instalen en las áreas especiales.

Aspectos como el principio de exclusividad, que limitan el actuar de las empresas ubicadas en Zonas Francas, o la diferencia existente en materia de base gravable del IVA, en razón al momento en que se hubiere instalado el usuario industrial, entre otros, hacen que el régimen franco requiera una modificación de fondo, a fin de ajustar su disposiciones a la realidad de los modelos de negocios implementados por las compañías usuarias del régimen.

En buena hora, la modificación normativa planteada lejos de ser una ilusión, tiene muestras concretas de llegar a ser una realidad, como se aprecia en los Decretos 1289 y 1300 emitidos el pasado mes de junio, a través de los cuales se trasladan de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, una serie de funciones y facultades, entre las que se encuentran el manejo de las Comercializadoras Internacionales, Plan Vallejo y Zonas Francas.

El periodo de transición fijado por los decretos señalados finaliza en diciembre del año en curso, fecha en la cual el Ministerio asume en su totalidad el manejo de la política asociada a los instrumentos en mención.

Sobre el particular, es oportuno destacar que en paralelo con el proceso de traslado de información, se viene trabajando en forma articulada entre ambas entidades para la emisión de una nueva política en materia de Zonas Francas, enmarcada dentro de un contexto de funcionalidad, competitividad y armonía de las disposiciones propias del régimen y los modelos de negocios de las empresas usuarias.

La emisión de esta nueva política, conforme lo expresado por el Ministerio y la DIAN, se tiene prevista para antes que finalice el 2015, la cual de la mano con el nuevo Estatuto Aduanero, conformarán un bloque normativo sólido y moderno para el desarrollo del comercio exterior.

En este escenario, la voluntad irrestricta de colaboración tanto del Ministerio, como de la DIAN, a nivel de sus líderes y de sus equipos de trabajo, es un aspecto realmente a destacar, en la medida que ha sido precisamente la armonía existente entre estas entidades, la que ha permitido avanzar hacia el surgimiento de una nueva era en la materia.

Así las cosas, el futuro se muestra más que favorable para las Zonas Francas en el país, lo cual es vital en los actuales momentos de devaluación y caída de los precios mundiales del crudo, si se tiene en cuenta que Colombia debe diversificar en forma creciente sus exportaciones, y precisamente la figura de Zona Franca, aunque sin tener una vocación exclusivamente exportadora, juega un rol protagónico en la consecución de este propósito.