Todos sabemos que el impuesto a la riqueza es algo que es anti conflictivo, por eso de manera acertada el Congreso de la República hizo una sesión muy profunda con el sector empresarial, en donde el Gobierno decidió eliminar claramente ese impuesto para personas jurídicas en el año 2017.

Esta también el tema del GMF, en donde si lo que se busca es la bancarización y que la gente maneje los recursos por el sistema financiero, este impuesto vendría a ser anti-técnico y causar efectos negativos en la bancarización, no obstante está generando un recaudo significativo al año, por lo que el régimen tributario puede sustituir esos ingresos de alguna manera.

Sobre el impuesto a la riqueza muchas personas opinan que sobre las personas jurídicas no debería recaer porque afecta la competitividad y un impuesto vinculado al patrimonio es bastante complejo. Sin embargo hoy en día hay empresas que opinan que el la reforma tributaria pasada hubo mucho cambio de patrimonio por CREE y que les hubiera convenido más patrimonio que CREE, en donde se tributaba más en el impuesto CREE que en el patrimonio.

Hay quienes opinan que el impuesto al patrimonio debería recaer en las personas naturales, porque estos contribuyentes de alguna manera aportan grandes capitales. Con esto se abren más discusiones, pues no es un tema tan en blanco y negro, que básicamente ya se entiende que el sector empresarial ha llegado a un tope máximo de tributación efectiva, por lo que se debe mirar cómo ampliar esa discusión de la distribución de necesidades de recaudo.

Hasta el momento lo que ha dicho el Gobierno desde la reforma del 2012 es por un lado disminuir la carga parafiscal, porque el país estaba al borde de poder decir no a los impuestos de nómina y éste se ha sustituido para un rango de trabajadores por la figura del CREE, lo que ayudó a la formación de empleo en el país. Por otro lado el impuesto a personas naturales, que si bien es cierto hay cuestionamientos sobre el tema de la complejidad que trae el sistema, la DIAN está dispuesta a tomar decisiones y ampliar más la base tributaria y facilitar la vida del contribuyente. Por último, en la reforma pasada el Estado pensó eliminar el impuesto vinculado al capital o al patrimonio, el cual desaparecerá en el 2017 para las personas jurídicas y en el 2018 en personas naturales.