Aunque la Casa Blanca confía en lograr un compromiso con los republicanos, dado el interés de los conservadores por la aprobación de los tres acuerdos comerciales en el 2011, la decisión de la administración Obama podría tener el efecto de retrasar la votación final de los acuerdos conforme demócratas y republicanos deberán sentarse en la mesa de negociaciones en busca de pactar un sendo paquete económico y comercial.

“Es el tema favorito de los demócratas para endulzarles la píldora a los sindicatos que se han opuesto tanto a los tratados de libre comercio. Es parte de las concesiones. Pero vamos a ver qué pasa porque el Congreso está tan empeñado en cortar gastos. Es una manera de decirles a los republicanos: quieren aprobar estos tratados pero pongan algo de su parte”, dijo en entrevista con Legiscomex.com el analista y consultor económico, Isaac Cohen.

La acción de la administración Obama, anunciada por el titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) Ron Kirk, por el director del Consejo Nacional Económico, Gene Sperling y por el asesor adjunto de seguridad nacional Michael Froman, mostró ciertamente fracturas al interior de los republicanos del Congreso.

El senador republicano Orrin Hatch fustigó la decisión de la Casa Blanca de condicionar el trámite de los acuerdos de libre comercio al tema de asistencia laboral. “Eso es profundamente decepcionante para los trabajadores, granjeros y creadores de empleos estadounidenses, que cada día están perdiendo ante los competidores extranjeros. No tiene sentido cerrar la puerta a más de USD10.000 millones de exportaciones a fin de financiar un programa costoso… Es hora de poner fin a las excusas y dar a los exportadores un acceso justo a los mercados internacionales”.

La posición de Hatch es compartida en la Cámara de Representantes por la camada de legisladores conservadores de nuevo ingreso que llegaron al Capitolio con la bandera de los recortes fiscales y que han mostrado un sustancial músculo político en negociaciones con el liderazgo del presidente de la Cámara John Boehner.

En contraste, el presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara Baja, el republicano de Michigan Dave Camp, mostró una posición más conciliatoria, toda vez que señaló a través de un portavoz que desea continuar trabajando para encontrar un “camino bipartidista” en la Cámara Baja y el Senado para avanzar la agenda comercial, incluidos los programas de preferencias comerciales –la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (Atpdea) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), así como el TAA, el acceso de Rusia a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y nuevos acuerdos comerciales.

En descargo de la Casa Blanca, la postura moderada de Camp es compartida en el Senado por el poderoso presidente del Comité de Finanzas, el demócrata de Montana Max Baucus, quien señaló la semana pasada durante una audiencia sobre el acuerdo de libre comercio con Colombia que deseaba aprobar los tres tratados pendientes “en tándem” con la TAA.

En el centro de la disputa por la renovación de la TAA subyacen no solo motivaciones económicas, sino políticas, toda vez que si bien el costo es un elemento opuesto por los conservadores fiscales, otros Republicanos perciben en la estrategia de la Casa Blanca un interés por fortalecer a los sindicatos estadunidenses ―el principal pilar económico del Partido Demócrata―, de cara a las elecciones presidenciales de noviembre del 2011.

La TAA fue aprobada desde 1974 como un mecanismo para brindar apoyo económico y capacitación laboral a los trabajadores estadounidenses desplazados por el libre comercio. Pero en el 2009, cuando los demócratas controlaban el Senado y la Cámara de Representantes, fue expandida para incluir beneficios de salud, no solo a los trabajadores despedidos, sino también a aquellos que resentían reducciones en su horario laboral, además de hacerlo extensivo al sector de servicios, uno de los mayores motores de la economía de esta potencia norteamericana.

La versión del 2009 expiró en febrero pasado y su renovación tendría un costo estimado en USD7.200 millones en un lapso de 10 años. La Casa Blanca dejó en claro que no solo desea una renovación de la TAA en su versión original, sino bajo las condiciones adicionales que incorporó el Congreso en el 2009.

“Es por eso que la administración no estará enviando la legislación de implementación de los acuerdos comerciales pendientes hasta que tengamos un acuerdo con el Congreso sobre la renovación de un robusto y expandido programa de TAA, consistente con los objetivos de la ley de asistencia comercial del 2009”, sostuvo Sperling del Consejo Nacional Económico.

Organizaciones como Public Citizen, que por años han criticado el impacto de los acuerdos de libre comercio, considera que la renovación de la TAA es importante desde la óptica de red de seguridad económica, ya que estiman que solo el tratado con Corea del Sur podrían afectar o desplazar a más de 150.000 trabajadores estadounidenses.