Hasta el momento ningún comité de la Cámara de Representantes o del Senado tiene programadas audiencias sobre el tema, pese a que el periodo actual vence el 31 de diciembre, aún cuando la administración Obama ha señalado a través del Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) para las Américas, Stuart Eizenstat que trabaja con el Congreso para revisarla y, eventualmente, cambiar sus requisitos y posibles países beneficiarios.

Aunque el senador Republicano de Indiana, Richard Lugar, el conservador de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que preside John Kerry, introdujo legislación para extender la Atpdea a Paraguay y Uruguay, la iniciativa de ley no ha logrado tracción en el Capitolio, como tampoco una versión similar introducida en la Cámara de Representantes desde abril pasado por el Demócrata Eliot Engel.

“Posiblemente (los congresistas) van a aprobar una extensión limitada porque no han resuelto los acuerdos pendientes. Los tratado de libre comercio estancados y parece que seguirán así. El asunto comercial no es un tema que el liderazgo Demócrata está buscando debatir en este momento. Todo apunta que continuará el enfoque de “pedacito por pedacito” para extender el actual programa”, dice a Legiscomex.com, el experto de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), John Walsh.

Una situación similar enfrenta la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que ofrece acceso especial a casi 5.000 productos de más de 130 países y que también expira en el mes de diciembre. A pesar de que una coalición de empresas de estadunidenses de menudeo envió una carta a los legisladores para la renovación perentoria del SGP, hasta el momento no hay señales de que el Congreso busque renovarla con celeridad.

La carta, dirigida a los presidentes de los Comités de Medios de la Cámara Baja, Charles Rangel y del Comité de Finanzas del Senado, Max Baucus, sostiene que la rápida renovación de los programas de preferencias comerciales en medio de la crisis económica, da al Congreso al oportunidad de “eliminar la incertidumbre para las compañías, los trabajadores estadunidenses y los países en desarrollo que luchan por competir en la economía global”. Entre las empresas firmantes figuran algunas de las más importantes de EE UU, como Wal-Mart, Chrevron, General Eelctric y The Home Depot.

Pero los comités del Congreso con jurisdicción comercial no han enviado señales de que la renovación de los programas de preferencias comerciales, tanto el GSP como el Atpdea serán renovados antes de diciembre, en la recta final del periodo legislativo del 2009. Aún cuando senadores como Baucus han expresado interés en una reforma a fondo de los programas, tanto el Comité de Medios de la Cámara de Representantes como el de Finanzas del Senado están sumergidos en las negociaciones sobre la reforma de salud.

Kathleen Ledebur, de la Red de Acción Andina, considera miope la visión que ha imposibilitado una extensión de la Atpdea de más largo plazo, pues considera que las revisiones semestrales son insuficientes para dar certidumbre a las empresas de los países andinos. Más aún considera un error haber ligado la extensión de las preferencias, como en el caso de Bolivia, a la lucha antidrogas.

“Ampliar (la Atpdea) seis meses no es un beneficio concreto y sólido para estos países… Y es una pena que las preferencias arancelarias se vinculen a la lucha antidrogas. La administración Obama debe distanciarse de eso que ha existido desde la administración de Reagan y de Bush padre de narcotizar la relación bilateral”, señaló Ledebour en entrevista hecha por Legiscomex.com.

La administración Obama decidió continuar la suspensión de preferencias comerciales a Bolivia, iniciadas bajo la administración Bush. En febrero pasado determinó por primera vez que el país gobernado por el presidente Hugo Chávez fracasó ostensiblemente para cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antinarcóticos. Washington optó sin embargo por exentarlo de sanciones, a fin de mantener programas críticos a nuestro interés nacional. Las decisiones ocurrieron luego de la expulsión del embajador estadunidense en La Paz, Philip Goldberg y de la suspensión de la cooperación con la Administración Federal Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés).

En septiembre, Bolivia volvió a hacer compañía a Venezuela y a Burma como los países descertificados en su cooperación antidrogas con Washington. Nuevamente no se aplicaron sanciones a fin de permitir el continuo apoyo al desarrollo agrícola, programas de intercambio, desarrollo de pequeñas empresas y entrenamiento de la policía, de acuerdo con la notificación formal del Departamento de Estado.

En el caso de Bolivia, alrededor de 30 centavos de cada dólar de mercancías exportado al mercado estadunidense gozaba de tratamiento preferencial, la mayor parte correspondía a joyería y partes, aunque también incluía accesorios de piel y puertas de madera. Ledevour consideró paradójico que los más afectados por la decisión de no renovar la Atpdea a Bolivia no fueron los aliados políticos del presidente Evo Morales, sino aquellos sectores empresariales que desean una buena relación con EE UU.

La Atpdea está en vigor desde el 2002 y es una continuación de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA, por su sigla en inglés), uno de los pilares de la estrategia de Washington para dotar a la región de opciones económico desde 1991. Pero Colombia ha dejado en claro que sólo percibe la Atpdea como un puente.

La prioridad sigue siendo un acuerdo de libre comercio y continuamos haciendo todos los esfuerzos para lograr su consideración y aprobación, de acuerdo con la embajadora de Colombia en Washington, Carolina Barco.

Colombia, al igual que Perú, logró la extensión por un año que vence el 31 de diciembre, mientras que los casos de Bolivia y Ecuador son extensiones de seis meses y seis meses condicionales adicionales. Bajo la Atpdea, el 92% de las exportaciones colombianas ingresan libre de aranceles a EE UU, mientras que el propuesto Acuerdo de Promoción Comercial EE UU-Colombia (CTPA, por su sigla en inglés) haría posible que un 52% de las exportaciones agropecuarias de EE UU ingresaran con acceso preferencial a Colombia y se iniciaría la gradual eliminación de aranceles para todos los demás productos.

El comercio entre EE UU y Colombia fue de USD24.582 millones en el 2008, con un superávit favorable a Colombia por mil USD654 millones. Por comparación, un año antes el comercio bilateral había sido de USD18 mil millones.

Walsh, el analista de WOLA, no tiene la menor duda que la Atpdea será renovada para Colombia, un tratamiento que también parece probable para Ecuador y Perú, pero no así para Bolivia, no sólo por la vinculación del tema comercial con la lucha antidrogas, sino por la oposición del influyente senador Republicano de Iowa, Charles Grassley, quien aún tiene que anunciar si apoya la extensión temporal del SGP o de las preferencias andinas. Aunque en el Congreso hay interés por actualizar los programas, la reforma de salud ha desplazado a otros temas a un segundo plano. Por ello senadores como Baucus buscan asegurarse que, aún si se logra una reforma mayor de los programas de preferencias comerciales, se mantenga los arreglos temporales durante el periodo de revisión.

La Representación Comercial de la Casa Blanca lanzó una convocatoria formal para escuchar comentarios sobre la revisión anual del programa de las preferencias andinas. El periodo se completó el pasado 22 de septiembre y quienes participaron pudieron presentar argumentos a favor de la limitación, retiro o suspensión de beneficios de la Atpdea.