El derrame petrolero del gigante British Petroleum en el Golfo de México abrió un debate internacional sobre la responsabilidad corporativa en el impacto económico y ecológico no solo inmediato, sino de largo plazo, a raíz de accidentes catastróficos, y dio lugar a un alud de demandas legales y a un movimiento para reformar la legislación respectiva, a fin de que las empresas cubran indemnizaciones hasta por USD10.000 millones, sin límites por incidente.

BP, una de las cinco empresas más grandes del mundo en términos de capitalización, ha erogado hasta esta semana un total de USD450 millones en gastos de limpieza en la zona aledaña a la plataforma “Deepwater Horizon”, así como USD3,5 millones en reclamos, pero los directivos reconocer que su responsabilidad será mayor y que pagaran la totalidad de reclamos legítimos por daño ecológico e impacto en las comunidades.

El derrame adquirió una potencial dimensión internacional. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnap) de México examina posibles recursos legales contra BP en caso que el derrame de más de 75.000 galones diarios afecte las costas mexicanas. México tuvo una experiencia similar en 1979 y enfrentó varias demandas cuando la explosión del pozo Ixtoc 1 en la Bahía de Campeche, en el corazón petrolero del país en el Golfo, dejó escapar unos cientos de miles de galones diarios durante 10 meses.

Pero el grueso del debate en EE UU se ha centrado en la insuficiencia de los actuales techos de responsabilidad empresarial en caso de accidentes mayores, así como en la definición de daño de largo plazo, conforme accidentes como el de BP pueden no solo afectar a regiones enteras, sino poner en jaque la supervivencia de comunidades que dependen del uso del agua o de la explotación de los recursos en la zona, como las industrias de pesca o turismo.

“Reconocemos que más allá del impacto ambiental también existen impactos económicos en la gente de estados del Golfo”, señaló el presidente de BP América Lamar McKay en alusión a Alabama, Florida, Texas y Mississippi, “BP pagará todos los costos necesarios de limpieza y está comprometida a pagar reclamos legítimos por otras pérdidas o daños causados por este derrame”.

Bajo la actual legislación estadounidense, las empresas petroleras deben sufragar los costos de limpieza y tienen un techo máximo de responsabilidad económica de USD75 millones, que fue establecido bajo la “Ley de Polución Petrolea de EE UU con motivo del accidente del buque petrolero Exxon Valdés en 1989. Adicionalmente, fue instalado el Fideicomiso de Derrames Petroleros, con dinero recolectado por la explotación de crudo en EE UU, a través de un impuesto de 8 centavos de dólar por barril. En la actualidad el fideicomiso tiene un capital de USD1.600 millones, pero existe un techo de gasto por accidente de USD1.000 millones.

El accidente de British Petroleum (BP) en el Golfo de México tuvo no solo el efecto de poner contra la pared la propuesta del presidente Barack Obama de autorizar la exploración y explotación petrolera costera como parte de su legislación energética, sino que colocó bajo la lupa los incentivos fiscales que disfrutan varias empresas altamente lucrativas y los techos máximos de responsabilidad que enfrentan en casos de derrames o accidentes mayores.

La primera salva fue disparada por el Congreso. Los senadores Bob Menéndez, Frank Lautenberg y de Florida Bill Nelson introdujeron una iniciativa de ley cuyo objetivo es instituir una “red de seguridad” para los pequeños negocios y los pescadores, a través de la elevación del techo de indemnización máximo de los actuales USD75 millones a USD10.000 millones, además de eliminar el techo USD1.000 millones por incidentes para pagos de reclamos de terceras personas afectadas y de USD500 millones por el impacto medioambiental.

En paralelo, el senador Jeff Bingaman, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, propuso eliminar el trato fiscal preferencial que reciben los proyectos petroleros en aguas profundas –aquellos por debajo de la barrera de 5.000 pies de profundidad--, en tanto que el Comité de Finanzas del Senado explora la posibilidad de elevar nuevos impuestos a la industria petrolera para compensar a pequeñas empresas.

Al mismo tiempo, el Comité de Energía hizo comparecer a los dirigentes de las tres empresas con responsabilidad en Deepwater Horizon, McLay de BP, Steven Newman de la operadora Transocean y Tim Probert de la proveedora de equipo de perforación Halliburton. Los tres se acusaron mutuamente del accidente durante la primera audiencia, lo cual abrió interrogantes sobre su disposición a pagar los daños económicos. El presidente Barack Obama calificó las acusaciones mutuas como un “espectáculo ridículo”.

Tres semanas después del incidente, la Casa Blanca se sumó al movimiento a favor de nuevas regulaciones a la industria, así como a la elevación del techo de indemnización, y dejó en claro que los fondos deberán proceder de nuevos impuestos a las petroleras, como una posible elevación de un centavo adicional por barril a las aportaciones corporativa al el Fideicomiso de Derrames Petroleros, que debía pasar a 9 centavos, en el 2017, y a 10 centavos si es aprobada la propuesta de la Casa Blanca.

“El derrame de Deepwater Horizon es un desastre masivo y potencialmente sin precedentes, que puede dañar seriamente la economía y el medio ambiente de los estados del Golfo y poner el riesgo la supervivencia de miles de estadounidenses… El derrame ha dejado en claro que se necesitan actualizar las leyes actuales que gobiernan la responsabilidad de empresas por cualquier cano causado en la perforación y transportación”, dijo Carol Browner.

La Casa Blanca no estableció, sin embargo, un nuevo monto máximo de responsabilidad corporativa y argumentó que la cifra será consensada con el Congreso. Aunque ninguno de los proyectos de ley ha sido aprobado por el legislativo estadounidense, la percepción de analistas es que serán aprobados con celeridad para acelerar el apoyo a las comunidades costeras y mostrar una respuesta inmediata a un problema mayor en momentos que en el Capitolio se examina la nueva propuesta de reforma energética.

La iniciativa presidencial incluye además seguro de desempleo, ayuda para que las personas afectadas por el derrame encuentre trabajo, apoyo a comunidades pesqueras severamente afectadas, financiamiento para las inspecciones de productos del mar a fin de evitar problemas fitosanitarios, así como el establecimiento de una oficina especializada para tramitar la asistencia de manera integral y expedita.

Adicionalmente, el Departamento del Interior, que tiene a su cargo la salvaguarda de los recursos naturales de EE UU, propuso partir en dos a su Servicio de Manejo de Minerales (MMS, por su sigla en inglés), que según reportes ha estado durante años envuelto en una nube de sospechas de corrupción y conflictos de interés con la industria petrolera. La intención es separar en entidades distintas sus funciones de promoción de exploración costeras y de venta de contratos de arrendamiento, con las de la supervisión del cumplimiento de regulaciones ambientales.

La dimensión de las operaciones posteriores al accidente ha sido masiva, en momentos que la mancha ha alcanzado varis miles de kilómetros cuadrados de expansión. Más de 10.000 voluntarios, más de un millón de pies de lonas submarinas de contención, 600 embarcaciones, 37 naves entre aviones y helicópteros, medio millón de galones de dispersantes y el despliegue del servicio de guardacostas. Su tamaño refleja la dimensión del potencial impacto económico de largo plazo no solo a los ecosistemas marinos, sino a la seguridad económica de miles de familias y empresas de la zona del Golfo de México.

Hasta el momento, BP solo ha entregado subvenciones por un monto de USD26 millones a Lousiana, Mississippi, Alabama y Florida, además de USD350 millones de limpieza y de USD3,5 millones de reclamos, pero expertos estiman que la factura final será sustancialmente mayor. De hecho, el proyecto de ley de la Casa Blanca para elevar el techo de responsabilidad corporativa contiene un elemento legal inédito: la retroactividad. De ser aprobado por el Congreso, el nuevo límite de cobertura por daño económico aplicará al incidente de Deepwater Horizon del 20 de abril.

Además han sido presentadas, de acuerdo con recuentos independientes, más de 100 demandas legales, incluida una colectiva por parte del estado de Florida, donde se han declarado 13 condados costeros en estado de emergencia, además de decenas de demandas más por parte de pescadores cuya supervivencia depende de las aguas del Golfo, así como de accionistas de las empresas. Aunque BP ha sido el centro del incidente, empresas como Transocean y Halliburton aparecen como acusadas.

El precedente inmediato de un derrame similar es el del Exxon Valdes hace 21 años. Aunque la suma total de daños cuantificada por los tribunales fue de USD5.000 millones, hasta ahora la erogación de la empresa petrolera Exxon ha sido de menos de USD1.000 millones. Bajo el sistema legal estadounidense, muchas de las demandas podrían demorar años de litigio en las cortes estatales y federales.

Desde el inicio del derrame, BP ha perdido alrededor del 20% de su capitalización, pero aún tiene valor en el mercado de alrededor de USD150 millones y solo el año pasado tuvo ingresos por USD240.000 millones, por lo cual analistas descartan que su supervivencia se encuentre en riesgo.