A finales de marzo, Chávez decretó la creación de las empresas Bolivariana de Puertos y Bolivariana de Aeropuertos (Bolipuertos) para el manejo de la infraestructura portuaria, especialmente en el área de almacenes, silos y patios, en el marco de una reforma de la ley de descentralización, en vigor desde hace 20 años.

En la Gaceta Oficial Nº 39.197, del miércoles 10 de junio del 2009, en una de las resoluciones ordena a la empresa Bolivariana de Puerto (Bolipuertos) S.A., “efectuar la revisión de todas y cada una de las contrataciones que abarquen el uso de los espacios e infraestructura portuaria, especialmente en el área de almacenes, silos y patios...”.

Diosdado Cabello, ministro de Obras Públicas y Vivienda, aseguró que la medida implicará un importante ahorro. "Más de USD220 millones que iban a los bolsillos de 40 familias, irán a los bolsillos del pueblo”.

"Esta es una actividad de carácter estratégico y de seguridad del Estado y la decisión es revertir la administración que hasta ahora ha sido llevada por particulares, son actividades que tienen que ver con la seguridad y defensa del Estado, por lo que traen y sacan de los puertos, muchas veces sin ningún control", acotó Cabello.

Cabello explicó que, el Gobierno nacional inició un proceso que al término de 30 días quiere llevar a la revisión de todas y cada una de las concesiones y contratos que están firmados con las almacenadoras en los puertos.

Entre los puerto comerciales que están siendo sometidos a revisión se encuentran, El Guamache, en Nueva Esparta; el Puerto de Maracaibo; el puerto de Puerto Cabello, y el puerto de La Guaira.

El ministro explicó que la intención es que el Estado tome el control de esos espacios, con los que hasta ahora se habrían enriquecido “familias de la alta burguesía de Venezuela".

Sin embargo, la oposición califica la medida como una maniobra para restar atribuciones y recursos a gobernadores que se oponen a la revolución socialista que afirma liderar el mandatario izquierdista.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Escarrá, señaló que no se pueden tener los puertos y aeropuertos en manos de gobernadores que han dado concesiones a sectores privados y porque estos espacios, desde el punto de vista geopolítico, son los puntos de salida y entrada hacia el mundo desde Venezuela.

El parlamentario sostuvo que la referida reforma no viola la Carta Magna y que, por el contrario, cuenta con el respaldo de todos los gobiernos estatales y municipales revolucionarios de todo el país.

Néstor Borjas, presidente de Fedecámara del estado Zulia, explicó que la acción es otra de las violacione que hace el Gobierno contra la Constitución al ejecutar medidas sin atender los derechos de los afectados y faltando al pago justo de bienes objeto de expropiación, según las disposiciones que establecen las leyes nacionales.

Recordó que la declaración de utilidad pública requiere un proceso en el que los afectados deberán tener una compensación justa, condición que estaría desconociéndose.

La modificación de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en la que domina el oficialismo, permitió al poder Ejecutivo asumir además del control de puertos y aeropuertos, el manejo de las carreteras, en los estados que estime necesario e intervenir sus bienes y prestaciones de servicios públicos.

Los gobernadores de la oposición consideran que la medida es ilegal y un "arrebato del centralismo", pues sostienen que la misma Constitución les garantiza esas competencias.

Varias organizaciones de empresas privadas consideran que la toma realizada por el Ejecutivo de los espacios portuarios, que incluye a las almacenadoras, silos y patios, traerá como consecuencia un mal manejo de los puertos, incremento del desabastecimiento y aumento de la inflación.

José Manuel González, presidente de Fedecámaras, denunció que el Gobierno Nacional, “vía Gaceta” tomó el control de las almacenadoras en los puertos, sin dialogar con las empresas concesionarias y sin tomar en cuenta la mercancía que está en proceso de nacionalización.

“Las almacenadoras están instaladas en espacios de la Nación, pero también es cierto que hay unas concesiones dadas a estas almacenadoras. Hay equipos que son de los concesionarios, que tienen unas claves secretas que no las pueden revelar”. Enfatizó las consecuencias penales en el otorgamiento de estas claves.

González vaticinó que con la medida gubernamental habrá un control total por parte del Estado, lo cual significa volver al Instituto Nacional de Puertos, eliminado hace más de una década debido a la ineficiencia de sus acciones.

Fernando Morgado, presidente de Consecomercio, indicó que esas decisiones inconsultas representan un error por parte del Gobierno Nacional, porque traerá más problemas que beneficios. ”Lo que se está haciendo provocará graves consecuencias para las importaciones, incluso una elevación en los costos que la tendrá que terminar pagando el consumidor”.

Más del 50% de los productos de consumo nacional llega a través de los puertos. El proceso de expropiación ha generado retrasos que, según Ricardo Rivero, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia (CCV), buscan perjudicar al ciudadano, ya que será quien pague el incremento en los precios, producto de la escasez en materias primas y afines.

Rivero mantuvo que las empresas almacenadoras que tienen una relación funcional con el Gobierno Nacional, poseen una normativa afectada por la falta de planificación.

El presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac), Jorge Macanin, indicó que los costos en materias primas seguirán aumentando si se siguen poniendo trabas a las importaciones, además, destacó que en Puerto Cabello se maneja 75% de las entradas de productos terminados y materia prima de todo el país. De llegar a incrementarse aún más los costos de materia prima, gran parte de la producción nacional se verá paralizada.

No solo las importaciones se han visto disminuidas por las medidas impuestas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Tulio Hidalgo, presidente de Fedecámaras Carabobo, señaló que de los USD4.000 millones obtenidos por exportaciones el año pasado, en el 2009 se estima que el monto no supere los USD2 millones.

Además, Hidalgo prevé pérdidas en la competitividad por la tardanza en la llegada y salida de los productos, que se suma a la tardanza en la asignación de divisas.

Antonio Landaeta, presidente saliente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello expresó estar preocupado, por la suerte de los trabajadores. Ante la estatización o expropiación de estas empresas, el Estado deberá asumir la responsabilidad social de los quince mil empleados que suman los 4 puertos afectados. Pero las condiciones necesarias para la absorción de la fuerza laboral, tampoco están definidas por Bolipuertos.

Landaeta informó que, cerca de 20 almacenadoras, entre 35 y 40 operadores portuarios, más de 200 agentes aduaneros y casi 30 empresas navieras y representantes están en zozobra "porque no se sabe qué va a pasar". Comentó que existe un silencio que deja con incertidumbre el destino de la actividad en el primer puerto del país, el cual procesa 70% del movimiento portuario.

Igualmente, indicó que el empresariado afectado sólo espera que el Estado les permita continuar su trabajo.

Adicionalmente, los propietarios de las almacenadoras del puerto de Puerto Cabello, se preguntan qué pasará con sus inversiones, la mercancía depositada y las claves de autorización otorgadas por el Sistema Aduanero Automatizado. Además les preocupan las máquinas represadas en el lugar, cuyos elevados costos con incalculables.

Para el concejal Orlando Rodríguez, el panorama se ha tornado confuso e incierto. “Hay inquietud en todos los sentidos, muchos de los trabajadores portuarios y aduanales no dejan de manifestar su preocupación”. Pidió que sea garantizada la seguridad laboral.

Por su parte trabajadores de las almacenadoras del puerto de La Guaira, durante una manifestación solicitaron respuesta a las autoridades para conocer cuál será su situación ante tal decisión.

Durante la protesta expresaron su preocupación por desconocer cuál será el destino de las almacenadoras y su temor ante la posibilidad de que se produzca una reducción del personal por lo que solicitaron una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo.

"Debemos dejar claro la necesidad de establecer una mesa de diálogo. Tenemos que manifestar serias dudas sobre el proceso que se lleva a cabo en el puerto de La Guaira y su real alcance. Por nuestra parte estamos proponiendo la posibilidad de la cogestión entre el estado y la empresa privada para administrar al puerto. Esto se traduce en dividir las operaciones portuarias 50 y 50. Este sistema de cogestión permitiría dar respuesta a los cerca de 5.000 trabajadores que dependen de estas operaciones portuarias", explicó Antonio Márquez, miembro del comité intergremial de negociación del puerto de La Guaira.

En la ciudad de Maracaibo cerca de 12 empresas relacionadas a la actividad portuaria y aduanera fueron tomadas por el Gobierno nacional, con lo que se suman a la lista de firmas privadas que están en manos del Ejecutivo bajo el concepto de estar dentro de los bienes que son estratégicos para la nación.

El destino de los trabajadores y derecho de propiedad privada de los dueños de diversas compañías, quedaron en suspenso luego de que la Guardia Nacional diera un madrugonazo instalándose en las oficinas administrativas del puerto de Maracaibo, impidiendo la salida de cualquier tipo de activo.

Los 10 almacenes de la dependencia zuliana contratan unos 1.000 empleados de forma directa. Las 20 compañías de Puerto Cabello y las 60 que hay en La Guaira -principales zonas donde barcos y buques atracan con la mercancía que viene del exterior-, suman otros 14.000 puestos de trabajo. Además, se deben añadir a los trabajadores que laboran en El Guamache, estado Nueva Esparta.

En pocas palabras, cuando el Estado asuma el control de esta actividad en los cuatro puertos mencionados, deberá absorber al menos 15.000 trabajadores.

Según informó el presidente de la Cámara Venezolana de Almacenes Generales de Depósitos (Cavedal), Gustavo González Velutini, las condiciones necesarias para la absorción de los empleados por parte de Bolipuertos tampoco han sido definidas.

Las almacenadoras, empresas de descarga y de servicios no podrán gestionar bajo su razón comercial, porque la firma Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), será la responsable de todas las operaciones.

La resolución 112 le da facultades para definir "nuevas formas de aprovechamiento de espacio, bienes, servicios e infraestructura comprendidos dentro del proceso de reversión".

Los representantes de carga y agentes aduaneros recibieron la notificación de que ya no podrán depositar por concepto de almacenamiento en las cuentas jurídicas de los concesionarios intervenidos, ya que deberán redirigir los pagos a la cuenta de la Comisión de Reversión del Puerto de Maracaibo en Zulia.

Los ingresos que reciben las almacenadoras por resguardo y mantenimiento de mercancía pasarán directamente a las arcas de Bolipuertos. Aunque los funcionarios del puerto aseguraron a los trabajadores que no había proceso de expropiación, la intervención es una medida que está contenida en la resolución, con lo que el Ejecutivo pasaría a controlar el sistema portuario en sus diferentes fases.

Según informaron algunas fuentes de las compañías afectadas, Bolipuertos propuso, de forma no oficial, que las almacenadoras facturaran las operaciones y que la empresa gubernamental cobrara, para posteriormente dar un porcentaje a los empresarios privados.

Desde hace años, el presidente venezolano ha llevado adelante un plan de nacionalizaciones que hasta la fecha ha afectado a sectores como el energético, financiero, cementero, siderúrgico, de telecomunicaciones y de alimentación.

Los puertos marítimos del hemisferio occidental anualmente generan billones de dólares en actividad económica y transportan más de 4.500 millones de toneladas de mercancías como comida, textiles, medicinas, gasolina, materiales de construcción, productos electrónicos y juguetes, según cifras de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA).

La AAPA, fundada en 1912, representa a 160 de las autoridades portuarias más importantes de América Latina (entre ellos Venezuela) y el Caribe, Canadá y EE UU, además de tener más de 300 miembros activos relacionados con la industria.

El XVIII Congreso Latinoamericano de Puertos se iba a celebrar en la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, con asistencia de unos 200 directivos de terminales marítimas y ejecutivos de la industria naviera de Latinoamérica, Canadá y EE UU.

“Pero debido a que el presidente Hugo Chávez nacionalizó los puertos y aeropuertos se tuvo que trasladar a Miami”. “El director del puerto donde se realizaría el evento informó que ya no estaba en condiciones de tener la sede”, señaló, Rafael Díaz-Balart, coordinador de la asociación de Puertos Latinoamericanos de la AAPA.