Si el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de México proviene de la comercialización en el mercado informal de mercancía falsificada o de contrabando, es evidente el por qué la denominada “piratería” es considerada por las autoridades mexicanas como uno de los principales enemigos a vencer en el camino del país hacia la competitividad y el desarrollo.

Sin embargo, esta actividad económica informal sirve de tabla de salvación para miles de familias que no encuentran un empleo formal en ningún sector.

Carlos Pérez Munguía, especialista en Comercio Internacional, explica que en México, formal y legalmente la piratería es un delito en contra de la propiedad industrial y del derecho de autor que se penaliza mediante la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derecho de Autor y el Código Penal Federal.

Pérez Munguía, vicepresidente del Comité Ejecutivo del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, AC (Imece), asegura que la piratería no debe analizarse únicamente como un problema de carácter legal. Sin embargo, esta visión resulta reducida, pues no considera todos los factores que intervienen en este contexto.

Recalcó que si bien, la piratería consta de una serie de prácticas ilegales, existen otros motivos y circunstancias de carácter eminentemente económico, incluso culturales, que la han transformado en un aparato prácticamente imposible de erradicar, a pesar de los esfuerzos legislativos y jurídicos de los países aquejados por este mal, como lo es México.

Es necesario, dijo, reconocer que el negocio de la piratería no surge de manera espontánea, tiene sus orígenes en el ámbito económico de las naciones sobre todo cuando estas sufren periodos de recesión y es un fenómeno característico en la era de la globalización, por lo que pareciera ser una respuesta de los países de bajos ingresos contra la monopolización y transnacionales de la economía mundial.

La Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA, por su sigla en inglés) considera que México ocupa el cuarto lugar en el mundo en comercialización y consumo de mercancía pirata, por debajo de China, Rusia e Italia.

Según el Reporte Especial 301- 2009 de esta organización, la IIPA cambió la clasificación de México de "Watch List" a "Priority Watch List".

Fidel López García, director General del Instituto para la Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal, A.C. (IPPIC), advirtió que al año se pierden 100.000 empleos en México relacionados con la industria del cine, 35.500 empleos, de la industria musical, y 400.000 empleos de la industria del vestido, todo a causa de la comercialización de mercancía de imitación o de contrabando, también llamada pirata.

Fidel López señaló en entrevista que el 25% del PIB proviene del comercio de mercancía apócrifa y que a mayor economía ilegal, menor potencial de desarrollo del país y menor competitividad. Sin embargo, señala que la variable en la economía informal tiene que ver con la desigualdad social, el desempleo y la precariedad económica, ya que el 17% de la población mexicana vive en pobreza alimentaria; 25% en pobreza de capacidades (sin oportunidad de educarse, pero con posibilidad de alimentarse), y 47%, es decir, 50 millones de mexicanos, viven en pobreza de patrimonio (sin oportunidad de tener ningún bien propio, como casa o auto, aunque se hayan preparado académicamente).

Y mientras el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al primer trimestre del 2009 sostiene que al menos 151.000 personas, es decir, el 23,9% de la población ocupada labora en el sector informal de la economía, el presidente del IIPIC asegura que al inicio del 2009, al menos el 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) en México se desempeñaba en el comercio informal.

Fidel López García, director general IPPIC revela que 9 de cada 10 películas que consumen los mexicanos son reproducciones ilegales de su original, 70% de las obras musicales son “piratas”, y el desarrollo de plataformas electrónicas permite que en México se usen clandestinamente 160.000 millones de canciones al año.

Agregó que el 6% del software que se consume se encuentra en esa condición, mientras que el 60% del calzado es ilegal. En este rubro, el deportivo es el más afectado, ya que dos de cada tres pares son “piratas”.

La Motion Pictures Association, asociación de EE UU que agrupa a las compañías cinematográficas como Warner Brothers, Universal Internacional Films, Paramount Pictures, Buena Vista International (Disney), Columbia TriStar y Twentieth Century Fox Internacional Corporation realizó un estudio en el que establece que México es el país que provoca más pérdidas a la industria cinematográfica estadounidense, con USD483 millones al año.

Según el IPPIC, 7 de cada 10 prendas de vestir son falsificaciones, de contrabando o robadas. En esta cifra coinciden la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CINV), y la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) y estiman sus pérdidas anuales en USD20.000 millones.

Carlos Pérez Munguía explica que el lugar donde comúnmente se comercializan los productos “piratas” es en puestos ambulantes o mercados con puestos semifijos, conocidos como tianguis y que pertenecen a la economía informal.

Recalca que en México este fenómeno continúa creciendo año tras año e incluso es tolerado porque ha sido visto como una fuente de ocupación para muchas personas que no logran incorporarse a la economía formal, por ello, hay quienes le califican como una economía de subsistencia.

El Instituto para la Protección Privada de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal realizó un perfil sobre los comerciantes de productos piratas. Según esta organización, quienes venden directamente al púbico los productos tienden a ser mujeres con hijos, con o sin esposo, con escasa preparación académica, que no encuentran trabajos en la economía formal que les permitan cuidar a sus hijos y tener una entrada de dinero.

También son ancianos, mujeres y hombres, quienes tienen como último recursos volverse “ambulantes” al no contar con una pensión ni ser apoyados por su familia.

Al respecto, Carlos Pérez Munguía recalca las dos caras del fenómeno y se cuestiona si será un “mal necesario” ante la pobreza. Ejemplifica que la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) calcula que la piratería y la falsificación destruyen más de 200 millones de puestos de trabajo en Europa y EE UU, mientras que en China, este comercio genera 40 millones de puestos de trabajo y representa entre el 15% y el 30% de la producción total del país.

Por su parte, el IPPIC realza el hecho de que el comercio de mercancía pirata está relacionado con el desempleo, debido a que la población económicamente activa exige 900.000 empleos anuales, pero entre el 2000 y el 2007, dos terceras partes no pudieron emplearse.

Consideran que otro factor que propicia la piratería es que el Ingreso Promedio Nacional de los Hogares Mexicanos es de MXN10.244 pesos mensuales y que los jóvenes comienzan con sueldos hasta 60% menores de lo que ganaban sus padres.

Pérez argumenta que el problema no solo radica en la generación de más fuentes de empleo, sino en la comparación de ingreso entre la actividad formal e informal, ya que en ocasiones en dos o tres horas una persona se gana el doble de lo que se ganaría en cualquier establecimiento, durante la jornada laboral. Es todo un ciclo económico que compite en los mercados paralelamente y en forma directa con la cadena de producción y distribución formal.

Fidel López García, director del IPPIC recalca que como en otros tipos de comercio con mercancías ilegales, una de las raíces del problema está en la demanda.

Explicó que en una sociedad consumista, en donde la apariencia está cada vez más sobrevalorada, el contar con productos “de marca” o moda es importante para un gran sector de la población, sobre todo en los jóvenes, por lo que el afán de poseer ropa, zapatos u otro tipo de productos los lleva a consumir cosas piratas.

Carlos Pérez Munguía comenta que en la fase de consumo también interviene de manera decisiva el factor de la pobreza, ya que por lo menos tres cuartas partes de la población en México recurre a mercados no establecidos o ambulantes para abastecerse, en donde quizás no es importante la autenticidad o legalidad del producto.

Expone que el consumidor pareciera “ganar” porque obtiene un precio más bajo. Sin embargo, también existen serias desventajas, puesto que no hay garantía en los productos.

En consecuencia, concluye Pérez Munguía, la economía informal afecta a los comerciantes establecidos en cuanto a reducción de ventas, lo cual repercute en las ganancias para los inversionistas y en la poca retribución económica al Gobierno por la vía tributaria.

Por otra parte, el comprar cosas baratas, de entre MXN0,5 y MXN0,20, o entre MXN0,200 ó MXN0,500 si se trata de copias de artículos electrónicos o de ropa de “marca”, da a las personas la sensación de no gastar, explica Camerino Gutiérrez, especialista en mercadotecnia y finanzas personales, por lo que el sector informal es el que menos resiente la crisis financiera.

Según la “Brújula de Compra” de la Procuraduría Federal del Consumidor, el 71% de quienes compran piratería lo hacen por el ahorro que representa, pero el 67,8% de los compradores ha tenido problemas con el producto adquirido, por lo que la ilusión de adquirir algo que no está al alcance termina en el autoengaño.

Según la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de República Mexicana (CAAAREM), existe una gran cantidad de mercancías de contrabando y piratas que logran colarse al suelo mexicano debido a que únicamente se revisan minuciosamente el 10% de las mercancías que ingresan al país. Este organismo plantea que una solución es reforzar la seguridad para evitar el paso al contrabando, pero sin entorpecer las operaciones de los comerciantes legales, porque, recalcan, los obstáculos son una de las fuentes de la corrupción.

Cada año, los sectores textiles, de confección y calzado sufren pérdidas cercanas a USD16.000 al año provocado por el acceso de la mercancía, según estima la CAAAREM.

A nivel mundial, las acciones de las autoridades mexicanas contra la piratería dejan que desear, como lo demuestra el reporte 301 correspondiente al 2009, de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, en donde plantean que el combate a la piratería a nivel estatal es poco satisfactorio y, en el caso de los gobiernos municipales, el interés baja notablemente.

La organización internacional considera que la falta de resultados en el combate de estos actos ilegales se debe a la carencia de recursos adecuados, de aplicación de la ley y la ausencia de una cultura de la legalidad, por lo que consideran vital aumentar la coordinación de los gobiernos estatales y municipales, además de contar con mayor personal en el Poder Judicial con conocimientos en la materia, pues apunta que las personas condenadas por el delito no obtuvieron una sentencia disuasoria.

Por su parte, Pérez Munguía señala que las prácticas ilegales como la piratería, el contrabando y, en general, el comercio ilegal están rebasando al Estado, por lo que solo con acciones conjuntas y contundentes entre sociedad, autoridades y legisladores se podrá combatir este fenómeno que ha ido avanzando a pasos vertiginosos.

Fidel López García concluye que para avanzar en el combate a este mal, es necesario que exista una alianza estratégica entre las autoridades municipales, estatales y federales, las empresas y la sociedad para actuar sobre tres ejes rectores: combatir la ilegalidad, recuperar el mercado interno y fomentar una cultura de legalidad para que la población se concientice sobre el fenómeno.