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Análisis

La ventanilla única de comercio exterior un año después de su puesta en funcionamiento

El poder que ejerce cada entidad pública relacionada con la Vuce es la que hace dudar de los avances de este sistema.

Por: Carlos Senior Pava

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Uno de los grandes temores asaltaron a los usuarios del comercio exterior colombiano cuando por mandato del Gobierno y del Congreso de la República —por decreto y ley, respectivamente— se anunció la puesta en marcha de la ventanilla única de comercio exterior (Vuce).

Este sobresalto se infundó en que todas las entidades integrantes de esta iniciativa estuvieran en la misma onda: la reducción de trámites y tiempos de espera en la cadena de los llamados “vistos buenos”.

Es comprensible el efecto de poder que reviste la discrecionalidad de los funcionarios que administran estas llaves para que se puedan hacer o no las cosas. En este sentido, se crean cadenas de poder que se reflejan en que el usuario debe esperar a que se estudie su petición, de tal manera que si la solicitud es resuelta en un tiempo “récord” se tienen suspicacias acerca de la forma como se logró el objetivo.

Los rezagos de épocas en donde las “propinas” que se prodigaban para que las cosas salieran en tiempo, apenas razonables, crearon este tipo de paradigmas, de tal manera que lo normal era que se esperara la decisión con paciencia y el buen intermediario era el que lograba, con la anuencia del poder que tenían los funcionarios de turno, que las cosas salieran rápido, cuando así debería ser el lapso normal para que se resolvieran todas las peticiones.

Hoy, a un año de operación de la Vuce, ese poder que ejerce cada entidad pública es lo que hace dudar de los adelantos de este sistema.

La idea no puede ser más interesante. El entusiasmo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, no pudo ser el mejor, hasta que se encontraron con los muros divisorios de cada entidad que interviene en el “cluster”.

Esta es la apreciación que los miembros de la comisión de la veeduría ciudadana, ejercida con la coordinación de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que lleva un año de seguimiento.

Hay que resaltar la encomiable labor de la Dirección General de Comercio Exterior, que a través de sus altos directivos se dedicaron al tema, a veces más con empuje que con planeación, como dicen los comentaristas de fútbol. Su labor estaba bastante avanzada a febrero de este año, a pesar de que hubo una cantidad de aspectos que no se tuvieron en cuenta, como la concurrencia de los usuarios, y el soporte técnico, etc., fenómeno muy parecido al de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al momento de poner en marcha el sistema informático aduanero Siglo XXI, a pesar de las advertencias de los gremios, basadas en esas experiencias anteriores. Lamentablemente, primero se hace el traje y después se toman las medidas.

Lo que está claro es que tanto el sector privado, a través del apoyo de la CCB, la Federación Colombiana de Transitarios, Intermediarios Aduaneros y Almacenadoras (Fitac), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), así como la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, unieron fuerzas para sacar adelante esta importante herramienta.

Pero el resultado, en este momento, no es el esperado. Es necesario avanzar, fundamentalmente, en la reducción de tiempos, pero el muro del poder de los funcionarios de algunas de las instituciones estatales no está con la idea de que controlar no es entrabar.

Algunos de los obstáculos han sido presupuestales, pues ciertos organismos estatales solo disponían de computadores antiguos, incompatibles con la tecnología requerida y no había recursos para más. Además, los funcionarios destacados para atender los vistos buenos en línea no eran los suficientes ni en cantidad ni en conocimiento del sistema.

En este momento, aún se retrasan los vistos buenos porque el funcionario, único nombrado para esa labor, tuvo ese día una licencia y por esta razón, el comercio exterior colombiano siguió al ritmo de la inasistencia de ese encargado.

Ante los retos de la competitividad que se avecinan, por la apertura de mercados en los tratados de libre comercio (TLC) de nueva generación, esas actitudes dejan mucho que desear.

No es posible aún que el trámite de una licencia de importación para un automotor se siga demorando más de una semana, cuando ya el certificado de emisión de gases, requisito previo para iniciar la gestión, ya fue expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y de nuevo se tiene que regresar al mismo ministerio para un nuevo visto bueno, con el objeto de evitar fraudes, ante la presunción de mala fe del peticionario. Las cosas así no progresarán.

¿Cuándo las leyes y los procedimientos serán orientados a los que cumplen y manejan la gerencia de riesgos e inteligencia de investigación, para poder diseñar formas de seguir y capturar a los dolosos?

No se puede hacer una legislación para pícaros y someter a los empresarios cumplidos a los tortuosos caminos de los trámites sin fin que, además, no evitan que se sigan realizando ilícitos, sino que estimulan la corrupción.

No en vano Colombia ostenta la posición 89 en el concierto de los países facilitadores de negocios con esta mentalidad.

Controlar no es sinónimo de entrabar. Por ello, se requiere que todas las instituciones estatales que intervienen en la cadena de la Vuce entren en la visión de la competitividad y que, sin dejar de cumplir con sus obligaciones, tengan una mejor actitud de servicio y se sientan coequiperos con el sector privado en lograr los objetivos propuestos.

* Este artículo fue elaborado por: Carlos Senior Pava, presidente del comité jurídico nacional de la Federación Colombiana de Transitarios, Intermediarios Aduaneros y Almacenadoras (Fitac).