La ley estadounidense obliga al ejecutivo a enviar a los Comités de Finanzas del Senado, así como a los paneles con jurisdicción comercial, una lista especial con los nombres de los países y las prácticas comerciales “más importantes que afectan las exportaciones estadounidenses de bienes, la inversión extranjera directa… y la protección de la propiedad intelectual”.

México, el tercer socio global de EE UU después de Canadá y China, así como Brasil, su mayor socio comercial sudamericano, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Perú, Nicaragua, Honduras y Guatemala fueron incluidos este año por mantener barreras comerciales que impactan de manera significativa las exportaciones estadounidenses, en momentos que la administración Obama busca duplicar las ventas al exterior en un periodo de cinco años.

Las “barreras” —definidas legalmente como las reglas gubernamentales, regulaciones, políticas o prácticas que protegen a industrias domésticas de la competencia extranjera— cubren las categorías de políticas de importación, compras de Gobierno, subsidios a las exportaciones, falta de protección a la propiedad intelectual, obstáculos en los servicios, trabas a la inversión extranjera, conductas anticompetitivas y restricciones al comercio electrónico.

Por separado, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) evalúa, cuando lo considera necesario, otro tipo de “barreras” que inciden sobre la operación comercial aún cuando no sean sancionadas oficialmente, tales como las prácticas de corrupción o sobornos que afectan a sectores o empresas estadounidenses específicas.

Aunque la lista negra internacional enumeró a solo 58 países, considerados los mayores mercados de exportación para EE UU, la administración Obama dejó en claro que algunos de los socios comerciales no fueron incluidos por el relativo tamaño menor de sus economías o por no existir quejas generalizadas por parte del sector privado estadounidense, aun cuando existe preocupación por algunas de sus políticas comerciales. En el caso latinoamericano, los principales socios incluidos son:

EE UU y Brasil, su más dinámico socio comercial sudamericano, alcanzaron un intercambio de casi USD60.000 millones, en el 2010, y la inversión extranjera de USD56.700 millones, pero la administración Obama se quejó de que el Gobierno carioca aumentó los aranceles en cientos de productos industriales desde el 2009, incluida la maquinaria eléctrica, herramientas, autopartes, equipo de telecomunicaciones, grúas, textiles, pieles y juguetes.

Además las empresas estadounidenses se quejaron de requisitos de documentación onerosos y pesados para las exportaciones de ciertos productos a Brasil, así sea solo de manera temporal. Por ejemplo Anvisa, la agencia regulatoria del Ministerio de Salud, debe aprobar registro previo de productos para las importaciones de fármacos, aparatos médicos, equipo de ejercicio, cosméticos y comidas procesadas, un proceso que demora de 3 a 6 meses.

Otras empresas estadounidenses acusaron a las autoridades aduanales brasileñas de aplicar un valor impositivo a las exportaciones basado en el precio al menudeo y sin reconocer el “valor de transacción” fijado por el exportador. Adicionalmente la USTR reprodujo la queja de la dificultad de las compañías extranjeras de participar en licitaciones del Gobierno, a menos que estén asociadas con empresas domésticas.

EE UU Y Colombia —su segundo socio comercial sudamericano— intercambiaron más de USD27.000 millones en productos, en el 2010, y la inversión estadounidense se ubicó en USD6.700 millones. La USTR destacó además que el Gobierno colombiano redujo los aranceles a 4.000 productos, a través de los decretos 4114 y 4115, con lo cual el arancel promedio bajó del 12,2% al 8,3%. Entre las principales exportaciones beneficiadas figuran bienes de consumidor, bienes de capital y materias primas.

Aunque EE UU destacó que los aranceles se consolidaron en tres niveles: 0% al 5% para bienes de capital; 10% a manufacturas y 15% al 20% a bienes sensitivos”, hizo notar que subsisten notables “excepciones” como el arancel del 35% a importaciones de vehículos, así como la carne y el arroz, cuyo arancel asciende al 80% y la leche y crema al 98%.

La USTR lamentó así mismo que existan barreras no arancelarias como las licencias de importación, que son usadas para restringir las importaciones de leche y pollo. De igual forma, hizo notar que la ley colombiana actual exige a empresas estadounidenses tener un socio local para ser incluidos en licitaciones gubernamentales. Una situación similar opera para los bufetes jurídicos, que requieren estar asociados con firmas locales y operar bajo las licencias de los abogados colombianos.

Admirada durante muchos años por EE UU por tener la economía más abierta de Latinoamérica y una de las más transparentes del mundo, Chile mereció nuevamente la calificación de ser un “modelo” comercial a pesar de que el intercambio con EE UU fue de solo unos USD17.000 millones, en el 2010, y un acumulado de la inversión estadounidense por USD12.600 millones.

El reporte hizo notar que virtualmente no existen restricciones al tipo o cantidad de bienes que se puedan exportar a Chile, sin embargo, las autoridades aduanales deben aprobar un emitir un reporte sobre toda importación superior a USD3.000 y subsiste un complejo sistema arancelario de banda para las exportaciones de trigo, harina de trigo y azúcar que será desfasado para el 2016 bajo las reglas de su acuerdo bilateral de libre comercio.

La divulgación de la lista negra comercial se produce en momentos que el Congreso ejerce presión sobra la administración Obama para cumplir con una propuesta de calendario que incluye el envío al legislativo de los acuerdos pendientes con Colombia, Panamá y Corea del Sur a fin de que sean aprobados para el primero de julio próximo. La administración Obama desea incluir en el paquete el tema del acceso de Rusia a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Pero aun cuando EE UU y Colombia anunciaron su plan de acción, no se cumplió el deseo del Gobierno colombiano de que la administración Obama enviará la notificación final al Congreso el pasado 22 de abril. Hasta el momento, la Casa Blanca solo ha notificado estar lista para las negociaciones técnicas de redacción de la ley de implementación de los acuerdos con Corea del Sur y Panamá.

En el caso de Colombia, el nuevo referente es el 15 de junio como parte de uno de los plazos incluidos en el plan de acción. El representante comercial de la Casa Blanca dejo en claro que si el Gobierno colombiano cumple con sus compromisos, se allanaría el camino para promover el voto del acuerdo en el Congreso a partir de julio o más adelante.